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“Para nuestro Gobierno siempre ha sido una prioridad que se esclarezcan y se investiguen las causas de posibles violaciones a los Derechos Humanos, de modo que los tribunales puedan sancionar a los responsables. Esperamos que con estos nuevos recursos se pueda avanzar más rápido en la realización de los peritajes, cerrar la brecha existentes en pericias de salud mental, y dar así un término a los casos que se encuentra investigando el Ministerio Público”, dijo el ministro Hernán Larraín.
Una inyección de 513 millones de pesos al Servicio Médico Legal (SML) anunció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objetivo de implementar un plan que reduzca la brecha de salud mental que permita acelerar la realización de peritajes en el marco de las investigaciones de causas de violaciones de Derechos Humanos, durante el periodo del estallido social, y dar cumplimiento así a los requerimientos del Ministerio Público pendientes de la crisis sanitaria.
Al respecto, el ministro Hernán Larraín dijo que “para nuestro Gobierno siempre ha sido una prioridad que se esclarezcan y se investiguen las causas de posibles violaciones a los Derechos Humanos, de modo que los tribunales puedan sancionar a los responsables. Esperamos que con estos nuevos recursos se pueda avanzar más rápido en la realización de los peritajes, cerrar la brecha existentes en pericias de salud mental, y dar así un término a los casos que se encuentra investigando el Ministerio Público”.
Dicha inversión fue anunciada en una reunión de trabajo en la que participaron el ministro Larraín; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; los subsecretarios de Justicia, Sebastián Valenzuela, y de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el Director Nacional del SML, Dr. Gabriel Zamora.
De esta manera, se estará fortaleciendo el Protocolo de Estambul (Naciones Unidas, 2000), que incluye procedimientos de evaluación clínica y mental (física y sicológica) para acreditar signos de tortura por parte de agentes del Estado. Esto, porque se incluirá mayores recursos y contará con un equipo de trabajo de 130 profesionales acreditados del SML, quienes tendrán el objetivo completar los peritajes en cerca de 900 causas a más tardar en el mes de noviembre.
La medida fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública, y definida en el marco de la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, conformada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, e integrado por las máximas autoridades de la Corte Suprema, Ministerio Público, Defensoría Nacional, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Colegio de Abogados. En ella se creó una Subcomisión, encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el fin de coordinar el plan de realización de pericias.
El Protocolo de Estambul es un estándar internacional con lineamientos que permiten investigar y constatar adecuadamente los alegatos de tortura y/o malos tratos, y como un instrumento que permite a abogados, médicos y psicólogos investigar y documentar los efectos en las personas que denuncien haber sufrido tortura y malos tratos, como también lineamientos para comunicar adecuadamente dichos hallazgos a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.
