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Crédito: ATON (Contexto)
Los requerimientos presentados al TC no son iguales, pero ambos buscan rebatir 3 de los 88 artículos del proyecto: los artículos 11, 31 y 41.
Un grupo de diputados y otro de senadores de Chile Vamos presentaron dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), con el objetivo de llevar ante el órgano el proyecto de ley de garantías de los derechos de la niñez.
Dicha ley -ingresada en 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet- crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la que fue aprobada en junio del 2021.
Los requerimientos presentados al TC no son iguales, pero ambos buscan rebatir 3 de los 88 artículos del proyecto: los artículos 11, 31 y 41 cuya impugnación se debe a la existencia de un choque entre la “autonomía progresiva de los niños” y el derecho preferente de los padres a educarlos establecido en la Constitución, y a la obligación de que la educación sexual integral a recibir por niños, niñas y adolescentes deba ser “laica y no sexista”, lo que a juicio del bloque excluiría la posibilidad de una “educación sexual religiosa”.
Para el artículo 41, se establece que “el Estado garantizará, en el ámbito de sus competencias y conforme a sus atribuciones y medios, una educación sexual y afectiva integral, de carácter laico y no sexista, y velará porque los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa de los niños, niñas y adolescentes, así como por promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying”. En el requerimiento se plantea que se debió haber aprobado con un quórum de 4/7, correspondiente a una norma orgánica constitucional, y no simple, como fue visado.
“Esto es exactamente lo opuesto, lo específicamente contrario a lo que establece la Constitución, que consagra la ‘preferencia’ del derecho de los padres a la educación de sus hijos. La norma impugnada altera, pues, la preferencia constitucionalmente mandatada, lo que deviene en una manifiesta e indiscutible inconstitucionalidad”, asevera el documento. Y plantea que “el precepto impugnado impone un carácter absoluto y excluyente de la educación sexual y afectiva que el Estado debe garantizar y que, por su propio significado, excluye tanto la dimensión religiosa de la educación sexual y afectiva como la educación que legítimamente distingue y establece diferencias por razón de sexo”, dicen.
Uno de los proyectos fue presentado por los senadores Ena von Baer, Claudio Alvarado, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens, entre otros; y el otro, por casi 50 diputados.
