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La denuncia, presentadas por las subsecretarias de Salud Pública y Prevención del Delito, Paula Daza y Katherine Martorell respectivamente, señala que Gil «habría realizado acciones directas a asegurar la impunidad de su actuar», como la solicitud de un certificado médico y el despido de la enfermera que denunció esta irregularidad ante la autoridad sanitaria.
El Gobierno denunció ante el Ministerio Público al presidente del directorio de la Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, por el delito de apropiación indebida, esto tras conocerse que se aplicó una tercera dosis de la vacuna Pfizer contra el covid-19.
De acuerdo a Radio ADN, el documento presentado ante la Fiscalía Oriente sostiene que «además de configurar la comisión de delitos, perjudica directamente a grupo más vulnerable de nuestra población a quienes se destina dicha inoculación, esto es niños, niñas y adolescentes».
La denuncia, presentadas por las subsecretarias de Salud Pública y Prevención del Delito, Paula Daza y Katherine Martorell respectivamente, señala que Gil «habría realizado acciones directas a asegurar la impunidad de su actuar», como la solicitud de un certificado médico y el despido de la enfermera que denunció esta irregularidad ante la autoridad sanitaria.
Sobre este tema, el ministro de Salud Enrique Paris sostuvo que se podría sancionar al recinto clínico, quitándole el convenio que tiene con el Minsal para la aplicación de vacunas, que pertenecen al Estado y no a la clínica.
