Ni más ni menos Estado: la narrativa de la legitimidad

La tramitación del llamado proyecto de megarreforma ha instalado una intensa discusión sobre el rol y tamaño del Estado y su relación con el sector privado.

Algunos analistas han señalado que el ministro Quiroz ha asumido esta polémica como parte de una batalla cultural, mientras existen diferencias en la propia coalición oficialista sobre si este proyecto debiera ser aprobado por una mayoría sustantiva o es suficiente que lo sea por un voto.

Con todo, el debate Estado-mercado es quizás una de las cuestiones ideológicas más fundamentales que organizan la vida en sociedad.

La garantía de la igualdad, la promesa de la libertad y construcción social de la fraternidad están precisamente mediadas por este asunto: cuánto Estado y mercado se requiere para alcanzar un nuevo estado de desarrollo.

El último estudio de ICSOH-UDP, que incluye la encuesta Clima Social, y el cualitativo Infocus, desarrollado por Subjetiva, señalan que el dilema Estado-Mercado se instala como un asunto de legitimidad social, donde prevalece un cierto pragmatismo en función del cumplimiento de objetivos que las personas consideran importantes para sus expectativas de vida.

Para muchos, la relevancia de esta discusión tiene que ver con el costo de vida (especialmente transporte), acceso a servicios esenciales (educación y salud), desigualdad y percepción de abusos o privilegios.

La ciudadanía respalda considerablemente que el Estado sea garante de derechos sociales, especialmente en salud (97%), pensiones (94%), vivienda (91%) y transporte (90%).

En los grupos focales emerge esta discusión, aunque mediadas por diferencias. Para algunos, los servicios básicos deben estar en manos del Estado, partiendo por el transporte, ya que -se aduce- en la práctica lo está por medio de los subsidios a empresas concesionarias de este servicio. Dentro de este grupo, un segmento aboga porque sea un servicio gratuito o al menos lo sea para un segmento de la población (tercera edad).

En otras áreas hay más diversidad de opciones, que dan cuenta de modelos mixtos, donde el Estado y el mercado cumplen roles complementarios.

Los participantes valoran la participación privada, sin embargo consideran necesario que el Estado juegue un rol más activo para garantizar el acceso y corregir las desigualdades.

“Nosotros deberíamos tender a tener dos opciones: empresas mixtas o finalmente incluir una empresa de parte del Estado para que regule el servicio” (focus group hombres). “La participación del Estado eventualmente puede servir como regulador de la competencia, de los precios” (focus group mujeres).

En los relatos prevalece una perspectiva de complementariedad que también se hizo evidente en la encuesta. No hay zonas exclusivas para la acción del Estado o el mercado per se. Los hombres que integran el panel de Infocus abordan el tema desde una mirada más bien estructural, centrada en la gestión de servicios estratégicos, los subsidios y el rol de las empresas estatales.

Por su parte, las mujeres enfatizan el impacto cotidiano del mercado en la vida de las personas, destacando problemáticas relacionadas con el acceso, costo de vida, cuidados y equidad.

Más que una definición sobre quién se hace cargo de estos servicios en forma excluyente, hay una demanda por la legitimidad social de esa función.

En su reciente visita a la comuna de Lautaro, el Presidente Kast fue interpelado por una madre que criticaba el costo que implicaba la educación de sus hijos, comparando su realidad con la de la familia Luksic.

El Presidente le respondió que debía agradecer la cantidad de empleos que dicha familia había generado para el país. Este ejemplo, probablemente no resuelve la percepción de ilegitimidad del sistema, más bien, solo la evidencia.

En un contexto marcado por la desconfianza institucional, se acentúa la demanda por eficiencia y transparencia como requisito para justificar el gasto del Estado y de esta forma de avanzar en la legitimidad social de su quehacer.  “Es que es como un saco sin fondo. Algo está pasando ahí donde la gestión parece que es el gran problema” (focus group hombres).

El punto de equilibrio entre el Estado y el mercado es la regulación y fiscalización, no la sustitución, sin la cual el segundo pierde legitimidad social. Ello facilita seguridad de acceso y precios en el caso de ciertos servicios y la corrección de los factores de desigualdad, como es el caso de la educación y la salud.

Mientras la élite se enfrasca en una discusión que favorece el atrincheramiento ideológico, el grueso de la ciudadanía parece esperar reglas del juego económico que se hagan cargo de una incertidumbre que caracteriza el clima social.

“Yo creo que en esta vuelta es incertidumbre… incertidumbre con el dinero, con el mercado, incertidumbre con este gobierno” (focus group hombres). Así, al parecer la cuestión no es si más o menos Estado, sino que una institucionalidad pública y privada más legítima: que garantice condiciones de vida mínimas a las personas, que castigue los abusos de poder y que, al mismo tiempo, estimule la ampliación de las oportunidades.