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El jefe de los diputados UDI, Juan Antonio Coloma, calificó como “insólita” la aprobación de dicha iniciativa, que excluye “a las verdaderas víctimas, que son los locatarios, los comerciantes, las familias chilenas y los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas”. El proyecto de ley establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte -cometidas por agentes estatales-, en manifestaciones durante el estallido social.
El diputado Juan Antonio Coloma, en representación de la bancada UDI, anunció que enviarán al Tribunal Constitucional (TC) el proyecto de ley -aprobado este martes en la Cámara Baja, en primer trámite- que busca hacer efectiva la responsabilidad del Estado por las víctimas del estallido social, a causa de acciones cometidas por agentes estatales.
Al respecto, el parlamentario gremialista sostuvo que “al parecer, algunos pretenden instalar una verdadera arquitectura de la impunidad en el Senado, y una arquitectura del beneficio económico en la Cámara de Diputados, beneficiando a personas que están siendo investigadas o incluso han sido condenadas por cometer graves delitos en nuestro país”.
En esa línea, Coloma cuestionó que se “excluya a personas que han sido las verdaderas víctimas de estos delitos, que fueron vandalizadas y que sufrieron la quema y el saqueo de sus locales comerciales, como también los funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas, que fueron gravemente atacados por estos delincuentes”.
“Este proyecto vulnera de forma evidente lo establecido en la actual Constitución, pero especialmente vulnera el sentido común, en orden a creer que es aceptable que el país y todos los chilenos tengan que indemnizar a los violentistas que han sido condenados por graves delitos y que destruyeron todo lo que tenían a su paso”, cerró Coloma.
El proyecto de ley establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte -cometidas por agentes estatales-, en manifestaciones durante el estallido social.
Para establecer la responsabilidad del Estado, bastará a la víctima acreditar ocurrencia de los hechos, acciones u omisiones que le hayan causado daño y hayan sido cometidas por agentes del Estado u ocurridos desde el 7 de octubre de 2019.
Con su aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto pasará al Senado.
