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Crédito: ATON
En la Comisión de Constitución del Senado, el fiscal nacional Jorge Abbott señaló que los «conceptos indeterminados» del proyecto que pretende indultar a los presos del estallido, «hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esta situación”.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó que el proyecto de ley que busca indultar a los denominados presos del estallido social, «tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer con claridad cuáles son las personas que se encuentran en esta situación”.
El comentario del persecutor se dio en la Comisión de Constitución del Senado, donde se discute la iniciativa. En la sesión anterior, la instancia acordó solicitar antecedentes a diferentes entidades para determinar cuántas personas se verían beneficiadas con el indulto.
“Nosotros hemos manifestado nuestra opinión en general de las inconveniencias del avance de este proyecto de ley en los términos que está referido, estimamos que normalizar la violencia es un problema para la convivencia futura», indicó Abbott.
«Hemos sí establecido que es probable suponer que dada la condición y situación que vivimos en el país, pueda ser posible alguna amnistía en relación a delitos como desórdenes públicos, que no producen daños a terceros”, agregó.
Además, comentó que «hemos hecho un esfuerzo bien importante al interior de la institución y siempre nos encontramos con números que no cuadran porque en verdad no sabemos qué entendemos por el concepto de estallido social, manifestación social».
En la instancia también estuvo presente -vía remota- el defensor nacional (s), Marco Montero, quien entregó cifras asociadas a delitos de interés (establecidos en el proyecto). Al respecto, detalló que entre el 7 de octubre del 2019 y el 9 de diciembre del 2020, se ingresaron 39.904 causas ligadas a delitos como daños simples, desórdenes públicos y maltrato de obra y amenazas a Carabineros.
Un total de 4.075 contaron con decreto de prisión preventiva. En tanto, actualmente hay 1.091 causas abiertas y 38.813 cerradas.
Montero matizó que las cifras presentadas pueden “tener relación directa con situaciones vinculables al estallido social, pero pudiera ser que eventualmente nos encontráramos, por ejemplo, con un delito por daño simple que no necesariamente esté vinculado a un hecho del estallido social”.
“Hay un aspecto que nos preocupa, que tiene que ver con ciertos conceptos que son indeterminados, muy abiertos, y que traería como consecuencia una dificultad en su aplicación” en tribunales, complementó el defensor nacional (s).
