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«Presentamos una denuncia ante el Ministerio Público luego de conocer que una persona habría sido sepultada en un predio particular, que no cuenta con las condiciones establecidas para tales efectos», señaló el delegado presidencial Víctor Manoli.
La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía abrió una investigación por la presunta inhumación ilegal de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) que murió baleado por Carabineros el viernes 9 de julio, en medio de un «sabotaje» a la forestal Mininco, en un predio ubicado en Carahue.
La indagatoria del Ministerio Público se da tras una denuncia presentada por la delegación presidencial de la región. Acusan que la sepultura ocurrió en un terreno que no cuenta con la autorización necesaria para esas funciones. El funeral de Marchant sucedió en el fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco.
«Efectivamente como delegación presidencial regional presentamos una denuncia ante el Ministerio Público luego de conocer que una persona habría sido sepultada en un predio particular, que no cuenta con las condiciones establecidas para tales efectos», indicó el delegado Víctor Manoli. El exintendente acusó, además, que el entierro ocurrió «fuera de los plazos establecidos por la norma sanitaria para inhumar a una persona”.
La Fiscalía también investiga al grupo armado que custodiaba el féretro de Marchant. Por este hecho, el Ministerio del Interior presentó una querella por ley de control de armas.
