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En el marco del seminario virtual «Transparencia y avisaje estatal en los medios», la consejera del CPLT, Natalia González, la directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal, Paula Díaz y el periodista Laureano Checa, analizaron el gasto en medios de comunicación para difusión y publicidad realizado por el Gobierno y otras instituciones del Estado, instancia en la que el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon fue el moderador.
“Es muy importante que el Estado se haga cargo de esta discusión», fue una de las frases destacadas de la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, en el seminario virtual «Transparencia y avisaje estatal en los medios” organizado por la entidad pública y El Mostrador.
El webinar, moderado por el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, contó con la participación de la consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, la directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal, Paula Díaz y el periodista Laureano Checa, quienes analizaron el gasto en medios de comunicación para difusión y publicidad realizado por el Gobierno y otras instituciones del Estado.
Según De la Fuente, “este es un tema que más allá del acceso a la información pública y de la transparencia activa, la información que tiene que estar disponible para la ciudadanía, tiene que ver con libertad de expresión, con pluralidad de medios”. Además, recordó una serie de acciones impulsadas por esta entidad como el oficio enviado a cerca de mil organismos del Estado con recomendaciones sobre la materia, el levantamiento de recomendaciones a la Ley de Presupuesto anualmente y el inicio de una fiscalización sobre este tipo de gasto en el sector público.
En el encuentro también se presentó la información levantada en este ámbito por la ONG Observatorio del Gasto Fiscal, y los principales hallazgos del informe titulado “Análisis gasto en publicidad del gobierno a diciembre de 2019. El efecto de la crisis social en el gasto publicitario”, que pone el foco en la concentración de la pauta estatal en unos pocos medios, la falta de transparencia, la discrecionalidad de los criterios para seleccionar a los medios contratados, la inconsistencia de las cifras públicas, la falta de objetivos y medición de resultados de las campañas, y además en cómo ha desembolsado este tipo de gastos durante el año 2019, en especial desde el estallido de la crisis social en octubre.
Al respecto, la directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Paula Díaz señaló que «la transparencia del avisaje estatal cumple un rol muy importante en el control democrático de la libertad de prensa». Y si bien manifestó que «es absolutamente relevante tener una trazabilidad de destinación de recursos», reconoció que «el monitoreo de información no nos permite tener datos específicos sobre este gasto estatal. Son intermediarios los que contratan y no se puede identificar a los beneficiarios finales de estos contratos».
También dijo que «hay bolsones de gasto sin trazabilidad. No se identifica ejecución presupuestaria o beneficiario final de agencias. Sólo la contratación mayoritaria de convenio marco y licitación directa».
En tanto, el académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Laureano Checa explicó que «las contrataciones de gasto público en avisaje se hacen a través de agencias de medios y, por lo tanto, parte de la crisis que viven en los medios tiene que ver con la caída de los avisajes privados y públicos en los medios más tradicionales».
Por su parte, Natalia González, dijo que el foco de la publicidad estatal en los medios de comunicación es «comunicar las políticas públicas que el Estado impulsa». Así, sostuvo que «la publicidad estatal debiera ser visto como un elemento habilitante para los derechos de la ciudadanía».
«Cuando uno mira el marco constitucional, legal, es esencial que la publicidad oficial se dirija al público objetivo al cual se dirige. Usar la publicidad estatal para fines diferentes (…) se aparta de los fines de la publicidad estatal y contradice su naturaleza», agregó González.
La consejera del CPLT añadió que “la publicidad estatal debe sujetarse a mecanismos que impidan la discrecionalidad en la selección de los medios”. Además, enumeró una serie de avances en materia de transparencia, como las asociadas a la Ley de Presupuestos que apunta a la diversificación del avisaje; las obligaciones de las entidades públicas de informar al Congreso Nacional; y aquellas que apuntan a fortalecer la transparencia activa, es decir, que este tipo de antecedentes sea difundido de manera proactiva por los organismos públicos.
Una de las acciones que para el Observatorio del Gasto Fiscal es clave, es la posibilidad de disponer de información para poder hacer control social sobre el gasto público en esta materia. Asimismo, mencionó recomendaciones planteadas por la entidad es la creación de un registro consolidado de beneficiarios finales de proveedores del Estado, de cara a un gasto fiscal más transparente.
