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Luego de hacer un cruce de datos para verificar la cifra entregada por los familiares de los detenidos que apuntaba que eran 806, la Fiscalía y Gendarmería establecieron que los presos del estallido social son 53 personas. El vocero de los denominados “presos de la revuelta”, Jame Fuentes, estableció que “lo que está haciendo la Fiscalía, de reducir el número de beneficiarios del proyecto de ley es claramente contraproducente”. En tanto, el director del INDH, Sergio Micco, sostuvo que “nos ha causado un enorme daño que al día de hoy estemos debatiendo la cantidad de personas detenidas y sujetas a prisión preventiva a partir de la crisis social”.
La información entregada por Gendarmería y Fiscalía de que son 53 los denominados “presos del estallido”, y no 806 personas, fue criticada por familiares de los afectados, quienes catalogaron la estimación como “contraproducente” y como un intento de rebajar el universo de beneficiarios de un potencial indulto.
De acuerdo al cruce de datos elaborado por Gendarmería y Fiscalía, de los 53 detenidos, 46 están con prisión preventiva y siete se encuentran cumpliendo pena privativa de libertad. 82% de ellos son hombres y 18% mujeres, señaló el catastro revelado en el marco de la discusión sobre la ley de indulto que se revisa en la Cámara Alta.
“Creo que lo que está haciendo la Fiscalía, de reducir el número de beneficiarios del proyecto de ley es claramente contraproducente, en base a lo que nosotros estamos mostrando, que una persona con arresto domiciliario total también tiene interrumpida su vida y la ve truncada para poder desarrollarse como persona”, señaló Jaime Fuentes, vocero de los familiares de los denominados “presos de la revuelta”.
Fuentes añadió que “no hemos tenido acceso a los criterios ni al documento” e insistió en que el indulto es “para todos y todas que tengan procesos derivados de estallido” y no solo a quienes están en prisión preventiva.
El convencional de la Lista del Pueblo, Manuel Woldarsky, recordó en tanto en Chile hubo “alrededor de ocho mil denuncias por violaciones a los derechos humanos y hay tres sentencias. Eso se llama impunidad (…) y no fueron 56 personas las que fueron detenidas y se mantienen hasta el día de hoy, fueron muchas más”, dijo a CNN Chile.
Para llegar a esta cifra, la Fiscalía comenzó a filtrar a partir de la información de los más de 800 casos expuestos, reduciendo la lista a 785 personas detenidas que cometieron 1.234 delitos. Estos datos fueron enviados a Gendarmería, que reveló que 495 de estas personas no presentaban ingreso a esta institución, en comparación con 290 que sí, y 237 que ya no estaban cumpliendo ninguna medida cautelar privativa.
Los datos también fueron comentados por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien sostuvo que desde febrero de 2020 que el INDH solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública información sobre las personas que fueron detenidas en el contexto de la crisis social y aseguró que aún no reciben respuesta.
“Nos ha causado un enorme daño que al día de hoy estemos debatiendo la cantidad de personas detenidas y sujetas a prisión preventiva a partir de la crisis social”, puntualizó tras una reunión con la mesa de la Convención Constitucional.
Durante la jornada, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reiteró la postura del Gobierno, indicando que en el país no existen detenidos del estallido. “Cuando uno quiere generar una categoría que no existe, porque no existen presos políticos en Chile, por supuesto que los números pueden ir cambiando, pero para el Gobierno siempre ha sido claro, no hay presos políticos”, señaló.
“Por eso creo que cuesta tanto clasificar el número, como no existe la categoría de preso político en Chile, muchas veces hay discordancias en los números“, agregó el secretario de Estado.
Delgado manifestó que el Ejecutivo “concuerda de que las personas que están privadas de libertad cometieron delitos, donde alguno de ellos pudieron haber sido en el contexto de manifestaciones, pero delitos al fin y al cabo”.
Por su parte, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli expuso que “ha habido antecedentes estos últimos días respecto a quiénes son estas personas que están privadas de libertad. Son imputados, son formalizados o condenados por graves delitos cometidos con posterioridad al 18 de octubre”.
“Aquí no podemos caer en un error, el derecho de reunión y manifestación tiene dos condiciones, bastante simples por lo demás, que la manifestación sea pacífica y sin armas. Aquellas personas que incurren en la violencia en cualquier contexto, que lanzan bombas incendiarias a otras personas, aquellos que lanzaron bombas incendiarias a carabineras y les quemaron la cara. Esas personas no deben quedar impunes”, destacó el subsecretario.
Galli agregó que “esas personas nosotros creemos deben pagar por su responsabilidad en graves delitos y por lo tanto será la justicia la que los juzgue”.
“En la eventualidad que avance este proyecto de ley, creo que los senadores que lo aprueben deben ser conscientes que les tan diciendo a esas víctimas, a esos locatarios del centro de Santiago, del centro de Valparaíso, del centro de Concepción, a esas carabineras que les quemaron la cara, que esos hechos ellos consideran deberían quedar impunes. Yo no estoy de acuerdo”, señaló.
Galli destacó que el proyecto de ley de indulto declara impune “el homicidio frustrado, el saqueo y el lanzamiento de bombas incendiarias. Deberíamos estar todos en acuerdo respecto de que esa impunidad daña a las víctimas y es malo para la paz social”, finalizó.
