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Crédito: ATON (Contexto)
La comisión Valech rechazó esta propuesta, a través de un comunicado firmado por el expresidente Ricardo Lagos, donde advertían que aprobar esta moción en el pleno «afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias». La convencional Manuela Royo y Lorena Fries, ex subsecretaria de Derechos Humanos y candidata a diputada por el distrito 10, criticaron a Lagos [ACTUALIZADA]
La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó la semana pasada una moción para derogar la cláusula de secreto de la Comisión Nacional Sobre Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech. Sin embargo, desde dicha comisión histórica rechazaron esta propuesta, a través de un comunicado firmado por el expresidente Ricardo Lagos, donde advertían que aprobar esta moción en el pleno «afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias».
Este rechazo generó una serie de debates, entre apoyos a la postura de Lagos y críticas. En este último grupo está la coordinadora de la comisión de DD.HH., Manuela Royo (AD), quien cree «que es necesario aclarar algunos puntos: en las más de 300 audiencias públicas que recibimos, fueron las mismas organizaciones quienes solicitaron esta medida».
«No fue solo una organización de víctimas de torturas y violaciones a DDHH en dictadura quienes hicieron esta solicitud, sino que varias. Además, la propuesta dice expresamente que permite levantar el secreto pero no obliga, pudiendo dejar en reserva a quienes no quieran», añadió.
Otra crítica vino de Lorena Fries, ex subsecretaria de Derechos Humanos y candidata a diputada por el distrito 10, quien expresó la necesidad de abrir el informe como una forma de compensación a las víctimas de la dictadura.
«El Chile del que habla Ricardo Lagos ya no existe. La dignidad q demandan chilenas y chilenos no incluye pactos de silencio, ni mucho menos la protección de militares involucrados. Es el momento de un Chile con verdad y justicia. Es obligación del Estado responder: ¿Dónde están?», cuestionó.
El diputado PPD Tucapel Jiménez dijo que «la discusión que se ha levantado en la Convención es sumamente válida, porque en ninguna sociedad puede haber impunidad, y el secreto en sí conlleva impunidad. En el Congreso hemos discutido dos proyectos en ese sentido, de los cuales soy coautor. En el primero decíamos que la víctima tenía un plazo para oponerse, a que no se levantara el secreto de su testimonio, lo que fue rechazado».
«Y el segundo, que está en Senado, señala que se levante el secreto siempre y cuando lo solicite la justicia. yo sé que hay testimonios muy sensibles y dolorosos, pero lo que no puede ocurrir es que buscando la protección de esos testimonios, esté la sociedad amparando impunidad. Hay que buscar el mecanismo adecuado y correcto para que no exista impunidad en una sociedad que pretende sanar sus heridas y pagar una deuda con muchas víctimas en cuanto a verdad, justicia y reparación», añadió el miembro de la Comisión de DD.HH de la Cámara Baja.
En el debate también entró la diputada RD Marcela Sandoval, quien planteó que pese a los reparos del expresidente Lagos “creemos que la Convención Constitucional debe avanzar en la dirección contraria: apertura de los archivos de la dictadura como lo han dicho la mayoría de organizaciones de derecho humanos”. “Por supuesto resguardando a aquellas victimas que no desean que su testimonio sea de acceso público”, recalcó.
Lagos, en tanto, sumó el apoyo de Luciano Fouillioux, abogado de DD.HH. «Lo que registramos es de tal magnitud y crueldad, que una gran cantidad de víctimas no quiere que eso sea conocido», dijo en entrevista con CNN Chile.
«Esas personas que quieren llevarse su información, a mi juicio, están autorizadas. Pero aquellos que quieren resguardar su privacidad, es justo y humano», añadió.
