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Crédito: ATON
Lira indicó que «a raíz de la investigación que se está llevando a cabo en la Municipalidad de Vitacura, he tomado la decisión de auditar la gestión anterior y la que presido, a través de un oficio ante la CGR solicitando incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los recursos públicos otorgados por la Municipalidad de Lo Barnechea a sus corporaciones, organizaciones funcionales y asociaciones durante la gestión anterior y la actual».
Luego que se conociera la querella que interpuso la Municipalidad de Vitacura interpuso por malversación de caudales públicos, fraude al fisco y otros en el marco de los denominados programas «Vita», el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira envió un oficio a la Contraloría Regional Metropolitana.
El mencionado documento -al que accedió La Tercera- parte así: «Junto con saludar, me dirijo a Ud. en el contexto de nuestra preocupación por los hechos de notorio y público conocimiento acaecidos en la Municipalidad de Vitacura y las Corporaciones y Organizaciones relacionadas con la misma, los cuales han salido a la luz pública estos últimos días».
«Solicito a Ud., si lo tiene a bien, incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los aportes otorgados por esta Municipalidad a la Corporación Cultural de Lo Barnechea; como asimismo respecto de las Organizaciones Comunitarias Funcionales Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea ProSeguridad, como cualquier otra entidad que Ud. estime pertinente», dice.
Lira conversó con La Tercera, medio al que indicó que «a raíz de la investigación que se está llevando a cabo en la Municipalidad de Vitacura, he tomado la decisión de auditar la gestión anterior y la que presido, a través de un oficio ante la CGR solicitando incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los recursos públicos otorgados por la Municipalidad de Lo Barnechea a sus corporaciones, organizaciones funcionales y asociaciones durante la gestión anterior y la actual».
La autoridad municipal aseguró que las organizaciones Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea ProSeguridad tienen la misma personalidad jurídica de las que hoy están siendo investigadas en Vitacura. Ambas son entidades privadas que representan a agrupaciones conformadas por la sociedad civil.
La denuncia que presentó el alcalde Lira apunta a otra de estas organizaciones: Prodeportes. El alcalde acusó que hay hechos que «en su apariencia pueden revestir carácter de delito».
En concreto, se refiere a la explotación comercial de un letrero publicitario o Unipole en la calle Raúl Labbé por parte de la empresa Global Media, y por la que la Municipalidad no recibió pago entre 2017 y 2020. Se calcula que el monto que estaría quedando pendiente es de unos 1.109 millones de pesos.
El recurso judicial sostiene que el municipio entregó en diciembre de 2014 un permiso al Club Deportivo Prodeportes Lo Barnechea para el uso y goce de 84 espacios en la vía pública para la explotación de publicidad. Un mes más tarde, en enero de 2015, Prodeportes hizo un contrato con Global Media por el arriendo de esos espacios por un periodo de 48 meses y 2 millones de pesos por mes. Global Media, en tanto, se encargaría de financiar obras de construcción de mobiliario urbano y su posterior mantención.
En esa línea, la denuncia sostiene que Prodeportes y Global Media acordaron que esta se encargaría de fabricar e instalar a su costo un Unipole en la calle Raúl Labbé y que el mantenimiento estaría a cargo de la empresa. Este acuerdo se realizó «sin autorización expresa de la Municipalidad».
El 2016, el municipio derogó el permiso y entregó uno nuevo a Prodeportes, pero sin la autorización para instalar el Unipole. Y lo mismo ocurrió en 2017, pero en esta ocasión, sí se acordó la explotación del letrero, aunque tres meses después, Prodeportes pidió terminar con este permiso.
Un día después, Global Media envió una carta al entonces alcalde de Lo Barnechea y hoy delegado presidencial en la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en la que solicitaban un permiso para la explotación publicitaria en 70 espacios de la vía pública. El 22 de junio, la municipalidad otorgó el permiso, acordando el pago de 1,50 UTM por elemento publicitario más 2 UTM por derechos por metro cuadrado. En esta ocasión -nuevamente- «no quedó comprendido el Unipole ubicado en Raúl Labbé».
«No consta que la municipalidad haya realizado acciones tendientes a la situación de la explotación, ni a recaudar los respectivos derechos de publicidad correspondientes por su explotación», dice el escrito.
Luego de asumir como alcalde, Cristóbal Lira recibió dos cartas del gerente general de Global Media, Federico Diez, indicando que no había pagado porque «la municipalidad tenía dudas de la calidad jurídica del inmueble». Es por esta situación que en 2020 se solicitó un sumario administrativo que todavía sigue en curso, mientras que la Municipalidad interpuso una demanda civil contra Global Media por 1.109 millones de pesos pendientes de pago entre 2017 y 2020, los que posteriormente bajaron a 841 millones. Esta causa sigue pendiente en el 18 Juzgado Civil de Santiago.
