Denuncian a vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados por desaparición de pruebas en caso de torturas de una niña al interior de hogar colaborador del Sename

Una denuncia salpica a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y a su vicepresidenta Verónica Vymazal, ya que fue apuntada como la responsable de la desaparición de pruebas del caso de tortura a una niña en un hogar colaborador del Sename, hecho por el cual es investigada por la Fiscalía de Los Ríos.

De acuerdo al medio «La Otra Diaria», el hecho ocurrió el año 2007, cuando la niña de cinco años fue enviada a Villa Huidif, un hogar colaborador de Sename en Valdivia, por orden de la jueza del Juzgado de Familia de Osorno, Verónica Vymazal debido a una supuesta agresión de su progenitor, la que fue desestimada por la Justicia. En el lugar, la pequeña fue torturada y abusada, según detalla en la denuncia presentada

El padre, quien relató su historia al citado medio, contó que fue durante días al Juzgado de Familia para pedir ayuda. En el lugar le indicaban que sus solicitudes serían revisadas por la jueza Vymazal. Como nunca llegaba la ayuda, solicitó audiencias con la magistrada, pero las citas nunca se concretaron. Debido a la insistencia del padre, Vymazal resolvió prohibir sus visitas al hogar.

Me amenazaron en varias oportunidades con entregar a mi hija en adopción, diciendo que si yo seguía dando problemas no volvería a saber nada de ella (…) Las consejeras técnicas que me amenazaron, que siempre estuvieron en conocimiento de todos los hechos y no hicieron nada por mi hija, son Alicia Balmaceda, Jovita Cárdenas y Andrea Huerta», dijo el padre al citado medio.

Tras seis meses en el hogar, la Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió revocar la medida, ya que no había razón que justificara la orden de protección a cargo de la jueza Vymazal, retornando nuevamente al cuidado de su padre. Tras constatar las lesiones sufridas en el hogar, el padre presentó una denuncia en la misma Corte.

Sin embargo, y tras nulas respuestas, se enteró que la carpeta que contenía los documentos y antecedentes aportados habían desaparecido del lugar. “Los audios con el relato de mi hija y muchas fotos, se los entregue a las consejeras técnicas pero estos nunca aparecieron en la copia de la causa. Lo mismo sucedió con los formularios que llené en el mesón del Juzgado”, se lee en su denuncia.

“Un día, mientras esperaba ser atendido en el mesón de la Corte, se acercó una señora muy elegante que se identificó como funcionaria de la Corte de Valdivia. Me dijo en voz baja que quería conversar conmigo, me preguntó si era yo quien había denunciado a la jueza de familia Verónica Vymazal, le respondí que así era, entonces me dijo que ´Yo había cometido un grave error´, entonces me dijo que la carpeta con la investigación no iba a aparecer, subió el tono de la voz y me pidió que no volviera más a la Corte y me dijo: ´Además le informo que el ministro Carreta mandó a decir que no lo va a recibir¨-, detalla en la denuncia.

En paralelo, la carrera de Vymazal escalaba, logrando el año 2020 llegar a su cargo actual, en el que estará hasta el año 2022.

Esta situación molestó al padre, quien había constatado que el modus operandi que le arrebató a su hija -hoy mayor de edad- se había repetido en otros casos en la zona. Todos avalados por la jueza Vymazal.

Esta situación derivó en que Francisco decidiera escalar la denuncia y enviar los antecedentes por correspondencia a Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, el 22 de septiembre del año pasado. Desde la subsecretaría determinaron que se traspasara el caso al fiscal nacional Jorge Abbott, con la intención de investigar y sancionar a los Consejeros Técnicos involucrados, individualizar la responsabilidad de los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Valdivia implicados y tramitar la remoción de la jueza de Familia Verónica Vymazal.

“En específico, de la lectura de la solicitud, y no siendo la Subsecretaría de Derechos Humanos competente para investigar hechos que podrían ser constitutivos de delitos (…) derivamos la solicitud y los antecedentes remitidos por el solicitante para que el Ministerio Público se pronuncie en lo que estime pertinente”, se lee en la derivación a la Fiscalía Nacional del 28 de octubre del 2020. Una semana después, obtuvo respuesta desde la Fiscalía Regional de Los Ríos. Allí notificaron que existe una investigación administrativa contra la jueza Vymazal por desaparecer evidencias y documentos originales, y contra los otros involucrados, como las consejeras del hogar.