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Crédito: ATON
Entre los que estarían recibiendo el beneficio estatal, se encuentra Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente), quien ha sido noticia en los últimos días luego que confesara que mintió respecto a que tenía cáncer. A él se suman otros 5 convencionales de La Lista del Pueblo y Pueblo Constituyente que también están recibiendo este aporte: Giovanna Grandón, Alejandra Pérez, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez y Camila Zárate. Del pacto Apruebo Dignidad, figuran Vanessa Hoppe, Damaris Abarca, Mariela Serey, Valentina Miranda y Tatiana Urrutia. Por último, está la constituyente Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama).
Los diputados Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI) denunciaron que 12 convencionales constituyentes están recibiendo el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a pesar de que perciben una remuneración de 2,5 millones de pesos.
Entre los que estarían recibiendo el beneficio estatal, se encuentra Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente), quien ha sido noticia en los últimos días luego que confesara que mintió respecto a que tenía cáncer. A él se suman otros 5 convencionales de La Lista del Pueblo y Pueblo Constituyente que también están recibiendo este aporte: Giovanna Grandón, Alejandra Pérez, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez y Camila Zárate.
Del pacto Apruebo Dignidad, figuran Vanessa Hoppe, Damaris Abarca, Mariela Serey, Valentina Miranda y Tatiana Urrutia. Por último, está la constituyente Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama).
Al respecto, el diputado Labbé señaló que «no tiene probablemente un resquicio legal, pero cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado. (…) El día de julio en que asumieron como constituyentes, debieron haber renunciado a este beneficio».
«La gente eligió a los convencionales constituyentes en pos de poder buscar la esperanza de construir una nueva Constitución, que sea de los chilenos para los chilenos. Hoy día encontramos que algunas manzanas podridas están pudriendo el canasto completo», agregó.
El parlamentario sostuvo además que «discrepo de la forma ética en que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos, pero cuando uno es autoridad no debe recibir ayudas del Estado. (…) La Convención se está transformando en puras malas noticias».
En tanto, Karin Luck manifestó que «el IFE iba en ayuda de las personas que lo han pasado mal en la pandemia. (…) Ellos tienen que ser conscientes de que cuando uno ostenta un cargo público, hay que representarlo y serlo. No podemos estar hablando de transparencia cuando ellos mismos no la han tenido».
Una de las convencionales implicadas, Camila Zárate se defendió señalando que «no tenía conocimiento de que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática. Lo digo porque antes se había actualizado de manera automática mi Registro Social de Hogares. Yo soy parte del Registro Social de Hogares hace muchos años. Gracias a los beneficios del Estado he podido estudiar becada, con gratuidad y atenderme en salud».
«Yo no vengo de la clase acomodada como varios convencionales, de hecho provengo de familia no profesional y soy recién egresada de Derecho (…) en mi último trabajo recibí una remuneración de 500 mil pesos, y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña. Por esa situación estaba recibiendo el beneficio, debido a que estaba cesante», agregó.
También sostuvo que «nunca he trabajado en el servicio público, y he realizado aquellos trámites que me han dicho que debo hacer hasta ahora, como la declaración de intereses y patrimonio, pero desconocía que debía hacer el trámite de actualización del Registro Social de Hogares. Me acabo de enterar y me voy a asesorar para conocer los trámites respectivos de devolución del IFE».
El convencional Marcos Barraza (PC) fue consultado sobre el caso de Valentina Miranda, una de las que estaría recibiendo el IFE, e indicó que «habría que «ver los ingresos de Valentina Miranda, si es que fuera el caso, antes de ser constituyente».
En esa línea, manifestó que «yo conozco mucha gente en mi entorno social que recibe IFE. Yo no recibo, porque mis ingresos no califican, pero me imagino que deben haber muchos constituyentes que postularon legítimamente a recibir el IFE y lo recibieron. No establecería una sospecha a priori».
«A priori, eso no constituye una infracción. De lo contrario, la gente que no tiene recursos no podría participar de la Convención Constituyente como constituyente», cerró.
Otros parlamentarios reaccionaron a esta situación, como el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien señaló que «es un insulto a la ciudadanía el que, adicionalmente, estén recibiendo el IFE. No corresponde, no hemos perdido el trabajo y ellos tienen una remuneración por al menos 9 meses más los 3 meses de renovación».
«Si a mí me llegara un bono del Estado, yo soy la primera persona que tendría que devolverlo. Es cosa que nosotros pongamos a disposición de la Tesorería esos mismos dineros o no los ejerzamos. (…) Uno también puede salir del Registro Social de Hogares», añadió.
En tanto, el diputado Leonardo Soto (PS) dijo que «ésta es una anomalía administrativa, yo no culparía a los convencionales constituyentes, porque el sistema es automático».
«Probablemente, no han actualizado su realidad socioeconómica al día de hoy en el Registro Social de Hogares. Para evitar este tipo de debates, yo los llamo a que muestren sus ingresos ante el Ministerio de Desarrollo Social y eviten un bochorno que podría afectar a la Convención Constituyente», cerró.
