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La investigación encabezada por el economista Carlos García Toledo, académico de la Universidad Alberto Hurtado y Ornella Tiboni, consultora de la FAO en Chile y que participó como investigadora asistente, determinó la relación entre economía y alimentación en el espacio laboral.
Un estudio impulsado por la consultora FoqusChile reveló el impacto económico que tiene la alimentación en el espacio laboral en el país. La próxima semana se realizará en Chile un seminario en el que se analizarán estos datos con expertos internacionales.
La investigación encabezada por el economista Carlos García Toledo, académico de la Universidad Alberto Hurtado y Ornella Tiboni, consultora de la FAO en Chile y que participó como investigadora asistente, determinó la relación entre economía y alimentación en el espacio laboral.
Este trabajo se basó en algunos datos que resultan alarmantes sobre la situación de las personas en edad de trabajar y los problemas que las enfermedades no transmisibles generan en la productividad general.
Por ejemplo, los índices de sobrepeso y obesidad alcanzan un 74%. El último informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2019), sitúa a Chile por encima de México (72,5%) y Estados Unidos (71%).
Asimismo, un 69% de la población entre 20 y 64 años tiene sobrepeso u obesidad, lo que ha provocado que al año mueran cerca de 6.500 hombres y mujeres en plena capacidad laboral por causas asociadas a la obesidad. Los costos o pérdidas en productividad debido a esta mortalidad prematura y al ausentismo laboral, alcanzaron en 2014 los US$ 75 millones y US$ 33 millones respectivamente.
Los autores de la investigación destacan entre otros temas, que «parece razonable y adecuado entonces, una actualización en la reglamentación con el fin de establecer un marco que promueva el acceso a la alimentación adecuada para todos los trabajadores por igual. Es fundamental que la alimentación laboral sea parte de las políticas de salud y seguridad ocupacional, así como también parte de las políticas, planes o acciones que buscan erradicar el sobrepeso y obesidad en nuestro país».
A partir de datos aportados por estudios anteriores, se estableció que una canasta de calidad es un 36% más cara que la actual canasta básica. Por eso, la recomendación es implementar políticas públicas que faciliten el acceso a la alimentación sana para la mayor cantidad de personas que forman parte de la fuerza laboral.
«Si se quiere aumentar el consumo de alimentación sana, entonces se debe subsidiar el precio final de tal manera de subir la participación de la alimentación sana. Si bien las medidas son equivalentes en sus efectos, no lo son en términos de su financiamiento. La alternativa de políticas de etiquetado necesita un financiamiento mínimo. En cambio, un subsidio o un aumento de los lugares para almorzar dentro de los trabajos requiere financiamiento directo, que en parte puede ser obtenido con impuestos a la alimentación que se desea desalentar; Si este mayor gasto será una carga o no para la economía, depende de si el aumento de la alimentación sana es expansivo o no a nivel agregado. En caso de que este aumento sea suficientemente expansivo, un mayor crecimiento más que compensa los costos de financiar el subsidio o los casinos dentro de los lugares de trabajo», consigna el estudio.
