Caso Pandora Papers: Abogado del Presidente Piñera insiste en que todos los antecedentes estaban en conocimiento de la Fiscalía

El abogado del Presidente Sebastián Piñera, Juan Domingo Acosta, insistió en la tesis de que todos los antecedentes estaban en conocimiento de la Fiscalía en la investigación del llamado caso Exalmar-Dominga. Esto a raíz que según el diario La Tercera, en la primera investigación comandada por el entonces fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra sólo se encontró un preacuerdo en español del contrato de compraventa de las familias de Carlos Délano y el Presidente Sebastián Piñera que luego se selló en las Islas Vírgenes Británicas. Al contrastar esta información con el contrato filtrado en los Pandora Papers, la cláusula que estuvo a la vista de la Fiscalía en 2017 sería similar, pero no idéntica a la revelada en la reciente filtración.

“El documento dado a conocer por ICIJ, es sólo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento. No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado, toda vez que la misma estaba incluida en el documento denominado “Acuerdo”. Por lo tanto y como puede comprobarse de la carpeta investigativa correspondiente, este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo”, señala.

De acuerdo a Acosta, el 7 de abril de 2017 “y a requerimiento de la Fiscalía que llevaba adelante la investigación, don Nicolás Noguera (el gerente del family office de Piñera) entregó a la Policía de Investigaciones un disco duro que contenía todos sus correos electrónicos para que se revisasen aquellos relacionados relativos a Pesquera Exalmar y al Proyecto Dominga”, entre los cuales se contenía el  documento denominado “Acuerdo”.

Según el abogado, dicho documento “firmado por todos los comparecientes, da cuenta de la totalidad de los términos y condiciones relevantes de la venta a Inmobiliaria Duero Limitada de la totalidad de derechos sociales en Andes Iron Limitada, entre otros derechos y acciones, estableciendo la oportunidad, precio y forma de pago aplicables a la transferencia del Proyecto Dominga (…) así como las condiciones a las cuales quedaba sujeto dicho pago”.

Añade que “su contenido es exactamente el mismo del contrato de compraventa, pues dicta sus términos (…) tanto es así que en agosto de 2017 un medio de prensa informó al público-entre otras cuestiones- de la existencia de esta cláusula, incluyendo el monto del saldo de precio, fecha de pago y sus condiciones”, dijo aludiendo a la publicación de ese entonces de Radio Bío Bío.

En efecto, dicho documento que según Acosta está en manos de la Fiscalía  contiene en el punto 3.03 la cláusula  que fija el plazo para el pago del saldo de precio “a menos que se determine que el lugar donde esta emplazado el proyecto  Dominga corresponde a una zona de exclusión o un parque nacional o reserva natural”, una condición que justamente ha levantado una sombra de dudas sobre la transparencia de la actuación presidencial en esta materia.