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Crédito: ATON
Los diputado UDI Cristián Labbé y Cristhian Moreira, junto a un grupo de parlamentarios gremialistas, buscarán establecer que los dineros no extingan y que una vez que los “plásticos” pierdan su vigencia, los chilenos puedan transferirlos a otro medio de pago.
Un grupo de diputados de la UDI, liderados por Cristián Labbé y Cristhian Moreira, presentaron esta mañana un proyecto de ley para consagrar que los saldos depositados en las Tarjetas Bip pertenezcan exclusivamente a los usuarios y que no caduquen en el tiempo, independiente de la inactividad que pueda tener el documento.
Al respecto, ambos parlamentarios recordaron que fue la propia bancada gremialista la que a mediados de 2019 presentó una iniciativa en los mismos términos, la que fue aprobada definitivamente en abril de este año.
Sin embargo, explicaron que durante la tramitación legislativa, se estableció que transcurridos dos años sin utilizar la Tarjeta Bip los usuarios podrán extender su vigencia por un año más o transferir dichos recursos a otro medio de pago, manteniendo la caducidad posterior a ese plazo.
Por lo mismo, ambos diputados UDI advirtieron que dicha normativa “hoy es insuficiente”, argumentando que “llevamos más de un año y medio viviendo una pandemia que ha obligado a la mayoría de los chilenos a permanecer confinados o trabajando desde sus casas, dejando de usar sus tarjetas para la locomoción pública y perdiendo injustamente millonarios recursos que ahí están depositados”.
En esa línea, Labbé y Moreira señalaron que “nos parece de toda lógica que los dineros que cada chileno deposita en sus Tarjetas Bip, especialmente los más vulnerables y de clase media que son los que utilizan el sistema de transporte público, les pertenezcan siempre a ellos y no exista un período de vigencia para usarlos”.
“Es como si de un día a otro las tarjetas bancarias o de otro tipo le informaran a los chilenos que los dineros que allí tienen depositados, independiente del monto, ya no les pertenecen y que, por tanto, desaparecerán”, añadieron.
De esta manera, los representantes de la Región Metropolitana respaldaron la demanda que presentó la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), que acusó que en total se han caducado alrededor de US$ 23 millones desde 2013 a la fecha.
“Hoy estamos presentando este proyecto de ley porque no queremos que los chilenos sigan sintiendo una sensación de abuso por parte de las instituciones. El dinero que con mucho esfuerzo le cargan a las Tarjetas Bip les pertenece exclusivamente a ellos y nadie debiera por qué apropiárselos», sostuvieron.
«Lo que sí podría tener un plazo de vigencia es el plástico, pero para eso vamos a establecer que los usuarios podrán transferir dichos recursos a otra tarjeta las veces que ellos lo estimen conveniente”, detallaron Labbé y Moreira.
