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Crédito: ATON
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, las autoridades imputadas por estos delitos, habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) solicitó al Ministerio Público que se tome declaración a cada uno de los querellados por delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros ilícitos, como lo son el Presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud y actual candidato al Senado Jaime Mañalich, el ministro sanitario Enrique Paris y el ex subsecretario de Redes Asistenciales y hoy convencional, Arturo Zúñiga, por haber destinado recursos fiscales en la contratación de residencias sanitarias.
En su calidad de parte querellante, solicitó que se oficie a la Unidad Especializada Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (ULDDECO) de la Fiscalía Nacional, al Servicio de Impuestos Internos, a la Fiscalía Nacional Económica, y al Consejo de Defensa del Estado, a objeto entreguen antecedentes relevantes sobe los graves delitos investigados.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la querella, las autoridades imputadas por estos delitos, habrían autorizado destinar recursos fiscales por sobre los $5 mil millones de pesos, en la contratación de residencias sanitarias en distintas regiones de nuestro país, no existiendo respaldos por dichas operaciones, o no siendo otorgados los servicios contratados, favoreciendo intereses particulares, entre otras irregularidades.
Según la CChDH, «la existencia de hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción y delitos tributarios, entre otros, atentan contra la confianza pública y horadan las bases de una sociedad democrática, atentando de forma permanente el compromiso del Estado de garantizar y respetar los derechos humanos».
«El Estado chileno, a través de todos sus órganos y Poderes, debe velar por el correcto, eficiente, eficaz y transparente uso y destinación de los recursos fiscales, resultando obligadas las autoridades públicas a responder por sus actos y omisiones en el ejercicio del cargo, en plena concordancia con el principio de probidad administrativa, responsabilidad civil y penal, y conforme la legislación local y los tratados internacionales vigentes, suscritos y ratificados por Chile», cierran.
