NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: ATON
El documento fue elaborado por los convencionales Roberto Vega, Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón, Paulina Veloso, Ángelica Tepper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza, todos de Independientes-RN-Evópoli, además de Helmuth Martínez de Independientes por una Nueva Constitución y Adriana Cancino del Colectivo Socialista.
Un grupo de convencionales presentó este miércoles la primera propuesta de norma constitucional para ser incluida en la Nueva Constitución, la que garantizará «el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos».
El documento fue elaborado por los convencionales Roberto Vega, Álvaro Jofré, Manuel José Ossandón, Paulina Veloso, Ángelica Tepper, Luciano Silva y Bernardo de la Maza, todos de Independientes-RN-Evópoli, además de Helmuth Martínez de Independientes por una Nueva Constitución y Adriana Cancino del Colectivo Socialista.
En el documento presentado, se indica que «los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten», y que «la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad».
«Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponible para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos», sostiene la propuesta.
«La construcción de vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización», añaden.
En caso de que no se garanticen estos derechos, o exista un mal uso de subsidios o fondos gubernamentales «por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley».
