NUEVA CONSTITUCIÓN
Crédito: ATON
La sesión duró hasta las 4:00 horas de hoy, y según decidió la mesa directiva, se reanudará a las 15:00 horas. Una de las figuras más cercanas a alcanzar la presidencia fue Cristina Dorador (Movimientos Sociales), quien en la sexta ronda alcanzó 72 de los 78 votos necesarios. Sin embargo, finalmente declinó su candidatura.
Una maratónica jornada se vivió ayer y en la madrugada de hoy en la Convención Constitucional. Y es que la elección de la nueva mesa directiva se extendió hasta cerca de las 4:00 horas y por ocho rondas. La sesión fue suspendida y se reanudará a las 15:00 de hoy, según decidió la actual mesa.
Una de las figuras más cercanas a alcanzar la presidencia fue Cristina Dorador (Movimientos Sociales), quien en la sexta ronda alcanzó 72 de los 78 votos necesarios. Sin embargo, finalmente declinó su candidatura.
En las rondas posteriores se vislumbró el nombre de Benito Baranda (INN). Pero tampoco prosperó. Esto, por la amistad que tuvo con el fallecido sacerdote Renato Poblete, acusado de abusos sexuales, lo que generó resquemores en un grupo de convencionales.
Por último, los Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Popular (que antes había levantado a Eric Chinga), los escaños reservados y Pueblo Constituyente, acordaron levantar la candidatura de María Elisa Quinteros – convencional del distrito 17, odontóloga y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología.
También se mostraron receptivos a apoyar a Amaya Álvez (Frente Amplio) como vicepresidenta. En caso de que esta dupla cuente con el apoyo del FA, se lograrían los votos necesarios.
En las primeras rondas, Ramona Reyes se situaba como la favorita para alcanzar la presidencia de la Convención. Pero en la jornada se difundieron irregularidades en su gestión como alcaldesa de Paillaco, por lo que convencionales del FA terminaron quitando su apoyo.
Entre las irregularidades, destacan la devolución de recursos públicos para un viaje a Europa en 2017, del que Contraloría no pudo comprobar su pertinencia como alcaldesa.
A esa acción se agrega el desvío de $70 millones de pesos, originalmente dirigidos a salud primaria. El dinero fue destinado a una actividad gremial en 2015.
También enfrentó una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por irregularidades en los “macroprocesos de finanzas, ingresos propios, entrega de beneficios, inversiones en infraestructura, concesiones y recursos en administración municipal”.
