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Crédito: Agencia Uno
La jueza Romy Rutherford rechazó la solicitud bajo fianza requerida por la defensa del excomandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien está desde el martes en prisión preventiva. De esta forma y tras el rechazo de la ministra Rutherford, Martínez debe esperar a que la Corte Marcial se pronuncie sobre la solicitud. Cabe recordar que la noche del martes, la jueza confirmó el procesamiento del excomandante en Jefe del Ejército por una de las aristas del denominado caso Fraude en el Ejército.
La ministra en visita, Romy Rutherford, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza pedida por la defensa del general (r) Ricardo Martínez, quien se encuentra en prisión preventiva desde el martes pasado, luego de que confirmara el procesamiento de Martínez por una de las aristas del denominado caso de Fraude en el Ejército.
Luego del rechazo de la jueza, el excomandante en Jefe del Ejército, deberá esperar a que durante la jornada de este jueves se pronuncie la Corte Marcial a raíz de la solicitud de libertad bajo fianza.
Cabe recordar que Martínez fue procesado por la arista empresas de turismo, por lo que la ministra Rutherford decretó la prisión preventiva en contra del general en retiro.
«Dicta un procesamiento provisorio solo por ocho hechos que dicen relación con pasajes o viajes, en los años 2011, 2012, 2014 y 2016. En época en que regían dos tipos de reglamentaciones internas distintas, todas anteriores a su comandancia en jefe», comentó la defensa de Martínez.
Según consigna Radio Biobio, en el auto de procesamiento se evidencia que son ocho viajes presuntamente irregulares que realizó Martínez entre los años 2011 y 2017, en comisión de servicio, pero antes de ser el número 1 de la institución castrense. Dentro de esos lugares, no estaban contemplado diversas ciudades, dentro de las que se encuentra Toulon y Boston.
El documento establece que Martínez utilizó viajes institucionales para su beneficio personal, en donde se le acusa de pasar a otras ciudades en comisiones de servicio y se le atribuye un perjuicio fiscal de más de $44 millones.
