PAÍS
El Ministerio Público solicitó cerrar la investigación por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, sobre Sebastián Piñera, Enrique Paris, Jaime Mañalich, y Arturo Zúñiga. El fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, Patricio Toro, explicó que se estimó que los contratos fueron celebrados en medio de la pandemia, por lo que «era aplicable una normativa de excepción», permitiendo «incorporar cláusulas de costos operativos fijos».
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar se había declarado competente para tramitar la causa que estaba investigando el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias por el arriendo de los hoteles Gala y O’Higgins, en Valparaíso, para ser usados como residencias sanitarias en medio de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la Justicia determinó el sobreseimiento definitivo de la causa.
Tras más de un año de tramitación, el Ministerio Público estimó que no existen hechos constitutivos de delito. Así, el tribunal viñamarino decretó el sobreseimiento definitivo de cuatro exautoridades de gobierno.
Los posibles responsables en este caso eran el otrora Presidente de la República, Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Enrique Paris; el también extitular del Minsal, Jaime Mañalich, y el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
La determinación del tribunal se da luego de que a mediados de este mes el Ministerio Público comunicó el cierre de la investigación. Patricio Toro, fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, señaló, según consigna Radio Biobío, que tras la revisión de los antecedentes se estimó que los contratos fueron celebrados en medio de la pandemia. Por lo tanto, «era aplicable una normativa de excepción», lo que permitió «incorporar clausulas de costos operativos fijos».
El fiscal Toro indicó que no hubo intervención alguna de las exautoridades en la contratación de los recintos y que al ser desembolsos «que estaban permitidos por el contexto y la normativa» se determinó que no existía comisión de delito.
Gabriel Campos, abogado que actuó en representación de Sebastián Piñera, comentó al medio radial que «esto da cuenta de que la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) no tenía fundamento jurídico con relación a estas imputaciones específicas».
“Se descartó la existencia de negociación incompatible y tráfico de influencias, habiendo un pronunciamiento de la Contraloría en este sentido. También se descartó la existencia de fraude al fisco, la cláusula cuestionada sobre los ‘costos operativos fijos diarios’ en la contratación de determinadas residencias sanitarias estaba amparada por la normativa vigente en la época y tenía relación con el contexto de la pandemia”, añadió el jurista.
La causa se inició a mediados de 2020, tras una querella ingresada por la CCHDH por perjuicios al fisco de casi $54 millones en el Hotel O’Higgins y otros cerca de $9 millones en el Hotel Gala, ambos de Viña del Mar. La CCHDH fue excluida de la tramitación de esta causa en noviembre de 2021, al no registrar residencia en la Ciudad Jardín.
