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Crédito: Agencia Uno
«Durante el proceso de traspaso entregamos el informe a las nuevas autoridades de la época, confiando erróneamente en que se avanzaría en la revisión de los casos restantes», señaló la diputada y exsubsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes.
La diputada Lorena Fríes (Unir) respondió a acusaciones en su contra de haber ocultado y no entregar a la justicia un informe con relatos de exconscriptos que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio en la dictadura de Augusto Pinochet.
De acuerdo a un reportaje de La Red, 12 mil exconscriptos entregaron los antecedentes a una mesa de trabajo -integrada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otras instituciones- entre julio del 2017 y agosto del 2018, mientras Fríes desempeñaba como titular de la repartición.
Según el citado medio, la Subsecretaría elaboró un informe a partir de 200 relatos de exconscriptos, de un total de 5.988 carpetas con antecedentes. La entonces subsecretaria de Derechos Humanos no entregó el documento a los abogados del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.
En una declaración pública, Fríes comentó que tras «la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, durante el mes de julio de 2017 el Ministerio del Interior solicitó a esta repartición hacerse cargo de los requerimientos de las agrupaciones de exconscriptos sobre el periodo de cumplimiento del servicio militar obligatorio durante la dictadura militar».
«A partir de ello, y de manera inmediata, creamos una Mesa intersectorial para conocer en detalle sus demandas, instancia en la que participaron representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior. Se realizaron un total de seis reuniones entre julio y diciembre», añadió.
La diputada indicó que en la cuarta sesión de la mesa, en octubre del 2017, «se acordó iniciar un trabajo preliminar consistente en recabar las experiencias de los exconscriptos a través de sus testimonios escritos sobre abusos, violencias y violación a sus derechos humanos».
Precisó que hasta el 20 de diciembre del 2017 se recibieron un total de 5.989 nuevas carpetas, que fueron analizadas por dos funcionarios del gabinete con dedicación exclusiva. En un plazo de un mes y medio elaboraron un Informe en base a la revisión de 200 casos, «dentro de los que, algunos aportan relatos generales, sin fechas, detalles y/o nombres sobre su participación en las graves violaciones a los derechos humanos», señaló.
«Debido a la proximidad del cambio de autoridades de Gobierno, se incluyó dentro de las conclusiones la necesidad de iniciar el estudio en profundidad y caso a caso, de la totalidad de los antecedentes recibidos por la Subsecretaría hasta esa fecha».
«Debido a que contábamos con sólo dos meses y al ser un trabajo exploratorio, pudimos analizar una pequeña muestra de carpetas», reiteró.
En esa línea, dijo que «durante el proceso de traspaso entregamos el informe a las nuevas autoridades de la época, confiando erróneamente en que se avanzaría en la revisión de los casos restantes, considerando el principio de continuidad de la función pública y la proximidad y conocimiento del Gobierno entrante con el trabajo de las agrupaciones y sus gestiones ante diversas autoridades».
A su vez, afirmó que el informe «nunca fue un documento secreto ni oculto. De hecho, fue entregado el 8 de marzo de 2018 a todas las asociaciones de conscriptos que participaron del proceso, quienes en el mes de mayo del mismo año acompañaron el informe como antecedente a su presentación ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, como consta en el acta de la sesión».
«Con estas breves palabras busco aclarar que lo que se me ha imputado es falso», comentó en la declaración.
