«Anunciamos acciones legales inmediatas contra quienes resulten responsables de cualquier daño patrimonial al PDC y de un uso indebido de fondos públicos a rendir, por faltas o delitos, sean civiles o penales», indicó la mesa directiva de la DC -liderada por el alcalde de la Granja, Felipe Delpin- en un comunicado.
La mesa directiva de la Democracia Cristiana (DC) anunció «acciones legales inmediatas» contra los militantes que resulten responsables por irregularidades en la rendición de gastos -objetadas por el Servicio Electoral (Servel)-, las que ocurrieron bajo la entonces presidencia de Fuad Chahin.
«Anunciamos acciones legales inmediatas contra quienes resulten responsables de cualquier daño patrimonial al PDC y de un uso indebido de fondos públicos a rendir, por faltas o delitos, sean civiles o penales», señaló la directiva en un comunicado.
«Reafirmamos nuestro absoluto compromiso como nueva Directiva DC, con la probidad y transparencia en el manejo de los recursos partidarios», agregaron.
La medida va en línea a un oficio enviado por el Tribunal Supremo de la colectividad, en la que instruyen a la directiva -liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin– a tomar “todas las acciones pertinentes”, incluyendo querellas, contra los responsables de las irregularidades.
Recordemos que, a propósito de las irregularidades, el Servel ha congelado los aportes al partido. La colectividad, desde finales del año pasado, incluso ha incumplido la entrega de sueldos y funcionarios y pagos a prestadores de servicios, consigna La Tercera.
La resolución del TS incluyó una lista de militantes contra quienes debían dirigirse acciones administrativas y judiciales. Sin embargo, de acuerdo al último informe del Servel, en la enumeración había personas que rindieron adecuadamente al menos una parte de los gastos partidarios.
El error gatilló que 39 militantes -entre ellos los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, y el convencional Fuad Chahin- pidieran la renuncia de todo el Tribunal Supremo.
“Publicar una resolución, donde se señala que deben iniciarse acciones penales y administrativas contra un grupo de militantes invocando una lista por error, con publicidad, dañando su imagen. Y luego no disculparse y no aclarar si esta conducta es avalada por el presidente del partido, es una persecución”, señaló la diputada DC Joanna Pérez, quien forma parte de la «disidencia» dentro del partido.
Frente a las críticas, la directiva exigió al «Tribunal Supremo asumir la responsabilidad que le corresponde como órgano autónomo, y rectificar de ser necesario, el error que se le imputa en su oficio donde estaría nominando injustamente a ciertos camaradas que no habrían rendido debidamente sus gastos con fondos Servel».