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Crédito: Agencia Uno
La acción de la Defensoría de la Niñez busca «proteger y garantizar los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la salud, la educación, la vida familiar, vivir en un medioambiente libre de contaminación, de los niños, niñas y adolescentes de la zona”, señaló la titular del organismo, Patricia Muñoz, ante los episodios de contaminación en la zona.
La Defensoría de la Niñez envío este jueves, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una solicitud de medidas cautelares a favor de los 13.382 niños, niñas y adolescentes (NNA) habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, debido a los constantes episodios de contaminación en la zona que les intoxican y vulneran sus derechos humanos.
“Dado que ya existe una sentencia de la Corte Suprema de 2019 al respecto, que aún no ha sido cumplida en su totalidad, con esta acción internacional buscamos que por fin el Estado de Chile despliegue todas las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos» de los NNA, señaló la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
La acción de la Defensoría de la Niñez busca «proteger y garantizar los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la salud, la educación, la vida familiar, vivir en un medioambiente libre de contaminación, de los niños, niñas y adolescentes de la zona”, indicó Muñoz.
Asimismo, apuntó que el cierre de la fundición Ventanas -de Codelco, cuyo directorio aprobó avanzar hacia su cierre- es un paso necesario que la institución valora, pero que se requieren más medidas en el mismo sentido.
Sólo durante este último mes, aproximadamente 400 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por los episodios de intoxicación, a causa de la actividad industrial y minera de la zona, señala la institución en su solicitud a la CIDH.
«Alumnos de los jardines infantiles, escuelas y colegios de las comunas, han debido suspender su asistencia a clases (…) han debido restringir el ejercicio de sus derechos por las resoluciones administrativas que así lo han dispuesto”, indica el texto.
En el documento, la Defensoría informa a la CIDH que existe una sentencia de la Corte Suprema, dictada en mayo del 2019, acogió un recurso de protección presentado por dicha entidad en conjunto con diversos actores de la sociedad civil y el INDH.
En el fallo, la Corte Suprema declaró que el Estado de Chile era responsable de los hechos referidos en la acción constitucional, y señaló que “el Estado no puede propender a un desarrollo económico abandonando su rol garante de los derechos constitucionales y así, su deber de protección a la población y la familia y promoción del bien común”.
Por esa razón, ordenó la realización de 15 medidas, algunas de ellas sujetas a plazo determinado, otras a condición para su ejecución.
Sin embargo, estas medidas no se han cumplido, y actualmente hay tramitación pendiente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que no se decrete el archivo de los antecedentes, lo que daría como “cumplida” la sentencia, a pesar de lo evidente que resulta que dicha resolución no ha sido aplicada por el Estado de Chile.
Además, entre los antecedentes remitidos a la CIDH, la Defensoría de la Niñez incluye el estudio que realizó, en 2018, sobre la “Afectación de niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero y Puchuncaví”.
También remitió el último oficio enviado al Ministerio de Salud, en marzo de este año, en el que le pide antecedentes específicos sobre NNA afectados por últimos episodios de intoxicación, información sobre las medidas adoptadas, las acciones para constatar niveles de contaminación y la protección de la salud de ellos y ellas, el que hasta la fecha no ha sido respondido.
La Defensoría solicita a la CIDH que permita disponer “con urgencia, todas aquellas medidas que tutelen los derechos humanos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes habitantes de la zona afectada»
Además, que «ordene al Estado de Chile la inmediata determinación epidemiológica de enfermedades de los niños, niñas y adolescentes de la zona, la determinación científica precisa de todos los compuestos químicos contaminantes (sean que estén regulados o no) y su efecto en la salud de los niños, niñas y adolescentes».
Por último, pide a la CIDH «ordenar al Estado de Chile la inmediata paralización de la actividad industrial en la zona durante el tiempo que sea necesario para, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tutelar el ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de la zona”.
