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Foto: complejo Penitenciario de Valparaíso. Yvo Salinas/AgenciaUNO
Cerca de mil personas privadas de libertad podrán votar en 14 cárceles el próximo 4 de septiembre. De cara al plebiscito de salida sobre la propuesta de nueva Constitución, Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter aseguraron que es inaceptable que el Servel por una orden de la Corte Suprema deba disponer de mesas en los recintos penitenciarios.
Los diputados de la UDI, Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter anunciaron que presentarán una Reforma Constitucional para quitarles el derecho a voto a las personas privadas de libertad, ad portas de una crucial elección.
En total serán 1.029 las personas privadas de libertad que podrán votar en el Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre y que lo harán en 14 establecimientos penitenciarios, ubicados a lo largo del país, luego que el Servel ratificó que quienes estén privados de libertad podrán ejercer su derecho cumpliendo ciertos requisitos.
A juicio del diputado Donoso, «resulta inentendible que el Servel en virtud de una orden judicial emanada de la Corte Suprema tenga que salir a buscar a las personas privadas de libertad a los distintos recintos penitenciarios para inscribirlos en el registro electoral y para que luego cuenten con la posibilidad de votar en el plebiscito del 4 de septiembre».
“Esto se hace por primera vez y creemos que es poco sano para la Democracia, las personas privadas de libertad por distintos motivos, son personas que han violentado gravemente nuestra institucionalidad, y no están muchas veces de acuerdo como se lleva a cabo el tránsito democrático”, argumentó el parlamentario representante por la Región del Maule, a través de un comunicado.
Cabe recordar que el año pasado la Corte Suprema emitió un fallo en que ordenaba facilitar el sufragio a 147 presos de Colina II, quienes se encontraban habilitados para sufragar.
El parlamentario gremialista agregó en el escrito que «instalar una urna al interior de una cárcel implica que tenemos que tener la transparencia suficiente del proceso electoral». Donoso se pregunta: «¿podemos entonces ingresar libremente a una cárcel los apoderados de mesa, los presidentes y delegados electorales, es seguro mantener una urna al interior de una cárcel?».
En concreto, sostuvo el diputado UDI, “creemos que es poco transparente, poco seguro y por lo tanto eso debemos cambiarlo, por medio de una Reforma Constitucional que lo que hace es privar el derecho de sólo a voto a las personas privadas de libertad por una orden judicial, esto implica que todas aquellas personas que por algún motivo se encuentren cursando un proceso perderán el derecho a voto temporalmente, recuperándolo una vez que sean libres”.
Y añadió: “Esto exime con ello el deber constitucional de disponer al Servel las mesas en los recintos penitenciarios, porque es muy injusto que hoy día instalemos mesas en las cárceles, y no por ejemplo en los hospitales, en las faenas mineras, o personas que están trabajando en el estado de excepción en la Araucanía, que son desplazadas de sus lugares, entonces porque ocupar toda nuestra capacidad electoral para que voten que reclusos que han violentando gravemente nuestro Estado de Derecho”.
El diputado Cristhian Moreira sostuvo que la iniciativa que ingresarán va en el sentido de no quitarle tiempo al Servel de preocuparse de gente que está en la cárcel. Por los mismo, el legislador UDI añadió que “quiero recordarles que en el borrador constitucional se les quiere dar el voto a las personas que tengan una pena mayor, que es la aflictiva de 5 años y un día”.
«Tenemos que dar una señal en contra de la delincuencia y no preocuparnos de si votan o no votan los presos que están en las distintas cárceles del país», dijo Moreira. Y acotó: «Creo que ya es el colmo, la gente no quiere este tipo de señales, porque aquí hay privilegios para quienes hayan cometido este tipo de delitos».
Finalmente, el diputado Álvaro Carter sentenció que «este proyecto de reforma constitucional lo que busca es dar una señal al país, no podemos permitir que personas que han dañado a otros y han cometido delitos tengan derecho a votar, a diferencia de lo que ocurre con personas que trabajan en faenas mineras, en hospitales, carabineros o militares no puedan votar. La ciudadanía espera que las personas que voten y el mundo político actúen de forma correcta y justamente este proyecto va en ese camino».
De acuerdo a la ley, una persona condenada a una pena menor a los 3 años y 1 día, ni esté acusada por un delito que merezca la pena aflictiva anterior o por algún crimen relacionado al terrorismo, puede sufragar el próximo 4 de septiembre. Además, deben realizar el cambio de domicilio electoral en el Servel, informando la cárcel en la que residen actualmente. Quienes cumplan con los dos requisitos anteriores, serán inscritos en mesas receptoras de sufragio al interior del penal, pero solo si hay al menos 30 personas registradas.
