Tras críticas de oposición y oficialismo, Gobierno retrocede y suspende rebajas de condenas

Tras una serie de cuestionamientos desde la oposición y sectores del propio oficialismo, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast dio marcha atrás en la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas. El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, anunció este viernes la suspensión temporal del procedimiento, luego de la controversia por los beneficios concedidos a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La decisión representa un cambio de postura de la cartera, cuyo titular había defendido las resoluciones argumentando que su firma respondía a una obligación legal sustentada en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

A través de un comunicado, Justicia informó que la determinación se adoptó después de analizar la normativa vigente e identificar un “vacío legal” relacionado con la aplicación de las restricciones introducidas en 2022 para acceder a estos beneficios.

“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló Rabat.

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El secretario de Estado agregó: “Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.

El anuncio ocurre después de que se conociera que, durante la actual administración, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de reducción de penas para condenados por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.

Los antecedentes, revelados inicialmente por Interferencia, provocaron cuestionamientos de parlamentarios de distintos sectores políticos. El Partido Comunista anunció gestiones para reunir firmas e interpelar al ministro, mientras que desde la oposición también se comenzó a evaluar una eventual acusación constitucional.

Hasta antes de la suspensión, Rabat había insistido en que las resoluciones respondían a la aplicación de la legislación vigente y al criterio que, según sostuvo, había establecido mayoritariamente la Corte Suprema respecto de delitos cometidos antes de la reforma de febrero de 2022.

Durante la mañana de este viernes, en entrevista con Radio Duna, defendió nuevamente esa interpretación. “Tomamos esa decisión porque nos pareció que, quiero insistir en algo, hay normas de orden constitucional y normas de orden legal que nos parece que son claras en nuestro ordenamiento jurídico, en la tesis que sustentaba la jurisprudencia muy mayoritaria (…) y esa es la razón por la cual nos pareció que, existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma, a aplicar la ley de manera inmediata, era lo que nos correspondía dictar esas resoluciones”, sostuvo.

Sin embargo, esa argumentación fue cuestionada por parlamentarios, abogados y el exministro de Justicia Jaime Gajardo. Según una revisión de BioBioChile, existen al menos cuatro causas en que la Corte Suprema respaldó la negativa a conceder beneficios por hechos anteriores a la reforma de 2022, tres de ellas resueltas durante el actual Gobierno.

Esos fallos no establecen que las 56 rebajas sean ilegales, pero ponen en discusión que su aprobación constituyera una obligación jurídica inevitable.

El cambio anunciado por Justicia tampoco implica que las rebajas ya concedidas queden sin efecto. El comunicado ministerial no contempla la revocación de esos decretos ni precisa cuánto tiempo se mantendrá suspendida la tramitación.

La cartera tampoco detalló cómo procederá frente a solicitudes que cuenten con órdenes judiciales o si la suspensión se extenderá a otras categorías de condenados.

La controversia se profundizó luego de que Rabat reconociera, durante una entrevista con Meganoticias, que la mayoría de las 56 personas beneficiadas habría recuperado la libertad. “La gran mayoría tiene que haber salido”, afirmó el ministro, quien también aseguró que el Presidente Kast desconocía la firma de los decretos.

“El Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”, sostuvo.

Como respuesta a la crisis, el Ejecutivo anunció una agenda legislativa que contempla modificar el procedimiento de reducción de condenas por conducta intachable, ampliar o precisar las causales de exclusión y establecer una regla temporal para determinar qué requisitos deben cumplir quienes soliciten estos beneficios.

La propuesta también incorporará disposiciones destinadas a garantizar el derecho de las víctimas a ser oídas durante el procedimiento, además de indicaciones e iniciativas legislativas orientadas a restringir las rebajas.

En paralelo, el Gobierno impulsará el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

Según explicó Justicia, esa iniciativa busca trasladar a jueces la resolución de solicitudes relacionadas con reducciones de condena, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, funciones que actualmente corresponden a comisiones especiales establecidas por la legislación.

La polémica también alcanzó a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Justicia informó que durante la actual administración se dictaron tres decretos de rebaja de condena por secuestro calificado y tortura, dos de ellos correspondientes a internos de Punta Peuco.

Entre los casos conocidos figura el de César Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado por los secuestros de cinco detenidos desaparecidos en 1987, cuya pena fue reducida en 19 meses mediante un decreto del Ministerio de Justicia.

Aunque la suspensión anunciada este viernes se produjo en el contexto de las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores, la cartera no aclaró si la medida también alcanzará a las solicitudes de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.