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Crédito: Agencia Uno
El proyecto, impulsado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, busca postergar hasta el 2024 la entrada en vigencia de los nuevos aranceles regulados para las instituciones de la educación superior que están adscritas a la gratuidad. Ahora, deberá pasar por la sala de la Cámara de Diputados para ser despachado a ley.
El proyecto -que se encuentra en su segundo trámite legislativo- quedó a sólo una votación de ser despachado a ley. Esto, si es que la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados ratifica lo aprobado por la comisión de Educación, donde la iniciativa fue respaldada de forma unánime -tanto en la votación en general y particular-.
En conversación con Radio Bío Bío, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, agradeció a los parlamentarios por el respaldo a la iniciativa e informó que se está llevando a cabo un trabajo transparente con las instituciones para elaborar nuevas bases técnicas de los aranceles regulados para la gratuidad.
«Reiterar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con este proceso y señalar que estamos trabajando de manera participativa, muy transparente con las instituciones. Este es un tremendo paso para avanzar con mayor certeza hacia ello».
Sobre la futura metodología que se usará para fijar las nuevas bases técnicas de los aranceles regulados, el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Osvaldo Corrales, espera que sean considerados dentro de los criterios.
«Con respecto a la ley de compras públicas, los bienes y servicios a los que nosotros accedemos son un 20% más caro, eso tiene un efecto e impacto sobre la forma en que se calculan los costos razonables con los que deben ser dictados la carrera», manifestó.
Por su parte, el rector de la Universidad de Concepción y presidente de la red G9, Carlos Saavedra, sostuvo que el cambio de modelo de financiamiento necesita el acuerdo de todo el sistema, ya que, al igual que los planteles del Estado, las instituciones privadas también ven aumentados sus costos por otros factores.
«Si bien los costos transaccionales para las universidades del Estado pueden verse incrementados por algunos factores, para el resto se ven incrementados por otros factores complementarios que tienen que ver con el cumplimiento de la ley del trabajo para nuestras instituciones y que generan gastos complementarios bastantes mayores», puntualizó.
Así, los rectores enfatizaron que la fijación de estos nuevos aranceles regulados debe desarrollarse bajo cuatro principios.
Que no exista detrimento económico para las instituciones; un modelo integral de aranceles regulados; no separar las actividades de formación de la investigación, desarrollo y vinculación con los territorios y evaluar de distinta forma elementos como la infraestructura.
