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Créditos: Agencia Uno
Los senadores DC Ximena Rincón, Iván Flores y Matías Walker condenaron el ataque incendiario registrado en Contulmo y solicitaron al Presidente Gabriel Boric que «patrocine una reforma a Ley de Seguridad Interior del Estado Nº 12.927, en el artículo 26, e incluya al Gobernador Regional como legitimado activo y titular de las acciones que dicho cuerpo legal contiene, para denunciar y de querellarse por hechos constitutivos de delito».
Los senadores de la Democracia Cristiana Ximena Rincón, Iván Flores y Matías Walker solicitan al Gobierno que traspase competencia a gobernadores regionales, bajo una reforma a la Ley de Seguridad Interior del Estado, como «legitimado activo y titular de las acciones» que la ley contiene.
Esto lo solicitaron este jueves tras condenar los hechos de violencia en las regiones de Biobío, la Araucanía y Los Ríos. «La facultad de denunciar o querellarse por los hechos constitutivos de delitos, contenidos en la Ley de Seguridad el Estado, no deben atribuirse de manera exclusiva al gobierno central», indicaron.
Esto frente a las diferentes situaciones de violencia que se han vivido durante las últimas semanas en el sur del país, por lo que solicitaron expresamente al Presidente de la República que «patrocine una reforma a Ley de Seguridad Interior del Estado Nº 12.927, en el artículo 26, e incluya al Gobernador Regional como legitimado activo y titular de las acciones que dicho cuerpo legal contiene, para denunciar y de querellarse por hechos constitutivos de delito».
Solicitud que se enmarca bajo los hechos registrados este lunes, cuando un grupo de personas llegaron hasta el Molino Grollmus para prender fuego y realizar disparos, lo que dejó a tres personas heridas en Contulmo. Ante lo cual, el Ministerio del Interior ingresó una querella por el atentado incendiario, sin embargo, no invocó la Ley Antiterrorista.
En la declaración, enumeraron una serie de delitos como homicidio frustrado, robo con violencia e intimidación, incendio, entre otros y enfatizaron que «el Gobierno está negándose de hacerse parte y coadyuvar en la persecución y esclarecimiento de los hechos», refiriéndose a dichos ilícitos.
Además, aseguraron que la querella por la Ley de Seguridad del Estado facilita la persecución de los delitos que mencionaron. Los cuales, señalan «afectan a los habitantes de toda la región» y, por lo mismo, el Gobernador Regional «debe contar con esta herramienta que le permita defender los intereses y proteger la integridad y seguridad de la región».
«La decisión de proteger a la ciudadanía de hechos tan graves como los que hemos presenciado las últimas semanas, no debe ser una mera decisión política, sino que un imperativo para quien detenta la primera autoridad regional», sentenciaron.
