MUNDO
Fernando Sabag Montiel se negó a prestar declaración ante la jueza federal y el fiscal a cargo de la investigación.
El hombre acusado de intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se negó a declarar al ser interrogado por la jueza y el fiscal de la causa, según confirmaron fuentes policiales.
El detenido por intento de homicidio a la vicepresidenta, Fernando Sabag Montiel, se negó a prestar declaración ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación, quienes se habían trasladado antes de las 21.00 (02.00 CET del sábado) hasta la dependencia policial donde se encuentra internado.
Fernando Sabag Montiel fue detenido la noche del jueves tras apuntar con un arma a la vicepresidenta y apretar el gatillo, sin que saliera el disparo, en momentos en que Kirchner regresaba a su apartamento y saludara a sus seguidores que desde el 22 de agosto instalaron una vigilia en su domicilio.
El detenido es un hombre de nacionalidad brasileña de 35 años que no cuenta con antecedentes penales en su país de origen, en tanto el arma incautada al sospechoso es una Bersa calibre 32 automática, que, en su base, posee numeración parcial 250, apta para el disparo, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad.
La magistrada titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 había acudido a la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en torno a las 11.00 hora local (16.00 CET) y permaneció en su interior aproximadamente una hora, tras haber inspeccionado la zona en las primeras horas de la mañana.
Antes de acudir al domicilio de la expresidenta, la jueza y los fiscales responsables de la causa también tomaron declaración a los testigos del ataque.
El ataque a la vicepresidenta se dio en un contexto de fuerte tensión política entre el Gobierno y la oposición, que ha crecido desde que el lunes de la semana pasada un fiscal solicitara una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta en el marco del juicio oral al que es sometida por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su administración.
