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Oficialismo propone incluir libertad de religión y derecho de propiedad como sus «principios institucionales» en propuesta de nueva Constitución  PAÍS Crédito: Agencia Uno

Oficialismo propone incluir libertad de religión y derecho de propiedad como sus «principios institucionales» en propuesta de nueva Constitución 

Los partidos oficialistas Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático junto a la Democracia Cristiana, presentaron los «bordes» del segundo tiempo del proceso constituyente. En ese sentido, apuntan a un órgano 100% electo y paritario con independientes que puedan postularse y con escaños reservados para los pueblos originarios. Asimismo, plantean la realización de un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio.


Los partidos del oficialismo Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático presentaron un documento con sus propuestas en el marco de las discusiones para la elaboración del nuevo proceso constituyente.

En el escrito, indican que «los partidos firmantes reafirmamos el profundo compromiso con los cambios que nuestro país exige y con una nueva Constitución Política que de cuenta de un nuevo pacto social inclusivo, justo y respetuoso de las distintas miradas de nuestra Patria, y que permita enfrentar los desafíos de hoy y del futuro».

Asimismo, apuntan que «es fundamental continuar con el proceso constituyente y entregar prontamente certezas», ya que «retrasar esta discusión genera incertidumbre institucional que es perjudicial para el abordaje de las urgencias que viven día a día los chilenos y chilenas».

Por otro lado valoran el rol de acompañamiento que ha sostenido el Ejecutivo para lograr el acuerdo, por lo que piden no mezclar el trabajo del Gobierno con el segundo tiempo del proceso constituyente.

En concreto, los partidos sostienen que «resulta esencial al contenido del acuerdo para las presentes fuerzas políticas la determinación del carácter 100% electo del órgano constitucional, tal como lo mandata el plebiscito de octubre de 2020».

«La soberanía se expresa cuando es la ciudadanía la que define libremente quiénes son las personas mandatadas a la redacción de un nuevo texto que responda a sus propias necesidades y expectativas», comentan.

En la misma línea, sostienen que este órgano debe ser paritario, ya que es «una condición democrática que debe sostenerse», y para ello «el carácter representativo del órgano debe cumplirla tanto en la etapa de elección de sus representantes como en la composición total del órgano constitucional».

En cuanto a la participación de pueblos originarios, declaran que «Chile tiene una deuda con el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas».

«Creemos que este reconocimiento implica consagrar su participación colectiva mediante escaños reservados en el órgano democrático, en un número proporcional al registro indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena», adicionan.

Sobre los independientes, proponen que su participación «debe garantizarse mediante mecanismos electorales que posibiliten ser elegidos dentro de las listas en conjunto con los partidos».

Principios Institucionales

Las coaliciones de Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre los «principios institucionales» que hay que mantener en esta propuesta. Dentro de ellas, está el Estado Unitario, el resguardo de los símbolos patrios, la separación de los poderes del Estado y la autonomía del Poder Judicial.

«El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter unitario del Estado de Chile, como también su condición de República y su régimen democrático. Esto quiere decir que se respetará la existencia, autonomía e independencia plena del poder judicial, legislativo y ejecutivo», sostienen.

«Asimismo, se respetarán las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En este sentido, la nueva Constitución respetará todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, donde encontraremos, entre otros, el derecho a la libertad de religión, el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, derecho a la propiedad y derecho a la igualdad», manifiestan.

Sobre la participación de la ciudadanía, proponen que se deben «incorporar procesos que permitan a las personas involucrarse en el debate constitucional, informarse sobre sus contenidos y la priorización de sus temas, mediante una fuerte articulación con organismos como municipios y gobiernos regionales».

También proponen la conformación de «un equipo de expertos y expertas abocados a la preparación de la instalación del órgano constitucional mediante la sistematización de insumos y el acompañamiento permanente debate en todas sus fases. El Congreso Nacional deberá definir la integración del comité técnico, respetando estrictos criterios de idoneidad profesional».

«Consideramos relevante que este equipo se conforme con carácter paritario y no deliberativo, resguardando el mandato soberano de las personas electas por la ciudadanía para esos fines. Este equipo sistematizará los insumos del debate del órgano constitucional, entendiendo el proceso constituyente como uno que se construye sobre la base de la propia historia constitucional de la República, incluyendo el proyecto constitucional de la expresidenta Bachelet», indican.

Con la finalidad de entregar prontas certezas a la ciudadanía, proponen un «itinerario constitucional que considere la elección de representantes durante abril 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a 6 meses, además de un plebiscito de salida en diciembre de 2023 con voto obligatorio».

«Para que esto sea posible, el reglamento de funcionamiento del órgano democrático deberá ser aprobado como parte de la reforma que habilite el proceso constitucional», concluyen.

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