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Crédito: Agencia Uno
La instancia aprobó normas contra la elusión y evasión fiscal. Desde la UDI hicieron reserva de constitucionalidad por una indicación específica. Esta indica que el Comité Antielusión definirá por unanimidad de los subdirectores de Fiscalización, Normativa y Jurídica del SII, la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) de forma administrativa.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados inició este lunes la votación en particular de la reforma tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La instancia respaldó normas contra la elusión y evasión fiscal.
Una de las primeras indicaciones aprobadas establece que cuando el Comité Antielusión desestime la existencia de un acto elusivo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no podrá aplicar respecto de los actos jurídicos incluidos ninguna otra norma especial antielusiva, recoge Emol.
La comisión igualmente aprobó una indicación del diputado Ricardo Cifuentes (DC) -patrocinada por el Gobierno- que exime la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) a las pymes por operaciones inferiores a 1.000 UF, cuando se trate de empresas cuyo promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro no exceda las 75.000 UF.
Los legisladores de la instancia también aprobaron una indicación -del Ejecutivo- que considera que habrá elusión en los actos o negocios en los que exista simulación.
De este modo, se entenderá que habrá simulación cunado el conjunto o serie de hechos, actos y negocios jurídicos de que se trate disimulen la configuración del hecho gravado del impuesto.
A su vez, la comisión aprobó una enmienda que señala que el Comité Antielusión definirá por unanimidad de los subdirectores de Fiscalización, Normativa y Jurídica del SII, la aplicación de la NGA de forma administrativa.
El diputado Guillermo Ramírez (UDI) anunció reserva de constitucionalidad por esta norma, apuntando que que «las normas del debido proceso son claras: nunca, ni de manera excepcional, un organismo puede ser juez y parte».
Tal como ocurrió con el Sernac, cuando en su momento se le entregaron uñas y dientes, parte de la reforma fue declarada inconstitucional por cuanto se entregaban demasiado poder de decisión al Sernac siendo parte, y eso transgrede cualquier norma básica del debido proceso”, añadió.
