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Crédito: Agencia Uno
El programa consiste en entregas de vales de gas por cilindros de 15 kilos a los habitantes de la comuna. A través de él, los beneficiarios efectúan un aporte mediante depósito a la cuenta municipal, correspondiente a un porcentaje del valor de la recarga
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el 6 de octubre el informe de una auditoría realizada al programa “Chillán Viejo, Gas + Barato”, de la Municipalidad de Chillán Viejo. La CGR detectó una serie de irregularidades, como la entrega del beneficio a funcionarios -tanto públicos como del municipio- y depósitos no registrados
Según la CGR, el programa consiste en entregas de vales de gas por cilindros de 15 kilos a los habitantes de la comuna. A través de él, los beneficiarios efectúan un aporte mediante depósito a la cuenta municipal, correspondiente a un porcentaje del valor de la recarga, de acuerdo con la condición de vulnerabilidad de cada familia.
En la auditoría -realizada entre el 1 de enero y el 30 de junio-, Contraloría detectó que 396 beneficiarios aparecen activos como funcionarios públicos en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper). De ellos, 159 corresponden a funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo.
El órgano contralor también dio cuenta que 119 funcionarios presentaban una calificación socioeconómica del 80%, 90% y 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica.
«El municipio deberá, en lo sucesivo, realizar las evaluaciones correspondientes con el fin de asegurar que los beneficios sean entregados a quienes presenten una real necesidad», indicó la institución.
Asimismo, observó que 795 vales de gas fueron entregados a beneficiarios que mantienen una calificación socioeconómica del 80%, 90% y 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica.
«A su vez, se verificó que los informes elaborados por las asistentes sociales corresponden a un formato tipo y no asociados a la realidad de cada beneficiario, razón por la cual no justifican su necesidad», añadieron en el informe.
La CGR igualmente detectó que el «saldo de las conciliaciones bancarias al 30 de junio del año en curso presentaba una diferencia neta de $167.697.621, respecto al saldo del balance de comprobación y de saldos, debiendo el municipio acreditar documentadamente el ajuste de las diferencias, antecedentes que serán verificados en la etapa de seguimiento».
A su vez, constataron que la conciliación bancaria de la respectiva corriente, al 30 de junio, mantiene registros por un monto de $382.776.849, que corresponderían a depósitos en cartola bancaria no registrados por la entidad y depósitos en tránsito que, de acuerdo con la última conciliación entregada al 31 de julio del presente año, se encontraban aún pendientes de regularización.
El municipio debe «acreditar documentadamente los ajustes de las partidas no aclaradas, materia que será verificada en la etapa de seguimiento», señaló Contraloría en el documento.
