PAÍS
Crédito: Agencia Uno
Tras un reportaje que denuncia una serie de irregularidades en tarjetas de carga de bencina que entrega la Cámara de Diputados, la presidenta comunal en Puerto Montt de Comunes, María Cristina Bustos, apuntó que «no podemos tolerar este tipo de situaciones que, además de poder acarrear alguna eventual responsabilidad administrativa o de otra índole, son antiéticas y atentan gravemente contra los principios de nuestro proyecto político y dejan en entredicho el compromiso de nuestro partido con la probidad».
La presidenta comunal en Puerto Montt de Comunes, María Cristina Bustos, presentó una denuncia contra la diputada Claudia Mix y todos los afiliados al partido «que resulten responsables» de las irregularidades en las tarjetas de carga de bencina que entrega la Cámara de Diputados.
Esto, luego de la investigación de Ciper, donde consignan que la hija de Mix y un funcionario municipal utilizaron el beneficio de las tarjetas de carga de bencina que entrega la Cámara Baja exclusivamente para el desarrollo de la función legislativa y no para familiares.
Te puede interesar también:
Horas después de la noticia, la parlamentaria se defendió argumentando que «mis traslados siempre los realiza otra persona»; pero para Bustos, «la respuesta es una mera formalidad que no se hace cargo del fondo del asunto y sólo abre más dudas y ambigüedades en circunstancia que se esperarían claridades, o, al menos, un mea culpa por una situación reprochable social, política y judicialmente».
«En este contexto y en virtud que los antecedentes que sirven de sustento a los hechos expuestos son públicos, vengo en presentar esta denuncia para el objeto que el Tribunal Supremo tome medidas inmediatas para evitar hacer las veces de cómplices o encubridores de una situación que hiere de gravedad un proyecto político que ha levantado las banderas de la transparencia y la probidad», complementa.
En ese sentido, sentencia que «no podemos tolerar este tipo de situaciones que, además de poder acarrear alguna eventual responsabilidad administrativa o de otra índole, son antiéticas y atentan gravemente contra los principios de nuestro proyecto político y dejan en entredicho el compromiso de nuestro partido con la probidad».
