Revelan millonarias facturas de asesoría jurídica a laboratorios de empresa ligada a asesora de senadores durante discusión de “Ley de Fármacos 2”

Según un oficio del Servicio de Impuestos Internos (SII), la abogada Andrea Martones, quien asesoró a senadores durante la tramitación de la “Ley de Fármacos 2″, recibió $215 millones de pesos chilenos de laboratorios farmacéuticos entre enero de 2018 y agosto de 2020.

De acuerdo al documento del SII consignado por el diario La Tercera, el dinero fue pagado mediante 45 facturas por diferentes servicios, en su mayoría catalogados como “asesoría jurídica”. Asimismo, entre los clientes de “Martones SpA” en la misma época en que asesoraba a los senadores, se encuentran Pfizer, CSL Behring, Laboratorio Chile, Novartis, Roche, Abbvie, Merck, Takeda y Boehring Ingelheim, todos laboratorios que son socios de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF).

Los servicios más onerosos que prestó Martones fueron a CSL Behring por $54 millones, a PTC Therapeutics por $53 millones y a Takeda por $36 millones. Además, según evidencia el oficio del SII, en el periodo en que Martones fue asesora de los senadores también aparece una factura por $464 mil emitida a Socofar S.A., sociedad matriz de la cadena de farmacias Cruz Verde.

Asesorías jurídicas ad honorem

Era común ver a la abogada Andrea Martones durante las sesiones de la comisión mixta de “Fármacos 2”, hasta el 17 de enero de 2022. Hablamos del proyecto de ley busca regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias. La presencia de Martones se había vuelto una costumbre en las reuniones, ya que había asistido en calidad de asesora “ad honorem” en 23 de las 28 sesiones a petición de los entonces senadores Guido Girardi (PPD), Rabindranath Quinteros (PS) y Carolina Goic (DC).

Cabe mencionar que el vínculo de Martones con el senador Girardi también fue motivo de polémica al interior de la comisión mixta, ya que en 11 de las sesiones su asistencia quedó oficialmente registrada como “asesora del senador Girardi”. Luego, en octubre de 2020, Girardi aclaró que no era su asesora, sino que sólo se consignó su apellido para los trámites de ingreso al Senado. Desde ese día en adelante, Martones participó como “experta en legislación sobre fármacos y dispositivos médicos”.

Martones, como jefa de asesoría jurídica del Instituto de Salud Pública y asesora en asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública en el segundo mandato de Michelle Bachelet, había justificado la necesidad de su colaboración en el proyecto. Sin embargo, su activo rol en la tramitación del proyecto desató una serie de acusaciones cruzadas de presiones y lobby que terminaron con una investigación penal por parte del Ministerio Público por posibles delitos de cohecho y soborno.

En enero del año pasado, durante una de las sesiones de la comisión, se develó que Martones mantenía vínculos comerciales con los laboratorios, uno de los actores de la industria que precisamente se busca regular con mayor fuerza a través de la ley. Además, quedó al descubierto el vacío legal en el que operan quienes asesoran sin pago ni contrato a los legisladores en la tramitación de los proyectos de ley, un espacio abierto para que diferentes intereses puedan ejercer alguna influencia burlando los registros obligatorios establecidos por la Ley del Lobby.

Comenzó a circular en redes sociales la imagen de una factura de $16 millones emitida en junio de 2020 por Martones SpA, sociedad de Andrea Martones, por un servicio prestado a la CIF, gremio que agrupa a 23 laboratorios internacionales con presencia en Chile, uno de los actores que la nueva ley busca regular con más fuerza.

La divulgación de la factura llevó a algunos miembros de la comisión a pedir la suspensión de la tramitación del proyecto, mientras que otros acusaron que se trataba de una operación política para impedir la aprobación de la ley. Así, tras la sesión, el diputado Andrés Celis (RN) presentó una denuncia ante el Ministerio Público.