Sin mucha publicidad y contracorriente del ambiente de controversia que domina las relaciones entre oposición y gobierno, Felipe Morandé dio un paso importante en la Cámara de Diputados el miércoles pasado, respecto del acuerdo logrado un día antes de Fiestas Patrias con parlamentarios de oposición y gobierno, que permitirá inyectar nuevos recursos al Transantiago y congelar las tarifas de transporte en la capital por el resto del año 2010.
Optimista de llevar a buen término el Protocolo de Acuerdo sobre Transantiago en el Congreso se muestra el Ministro Felipe Morandé. De hecho, el día miércoles pasado este experimentó un importante avance en la Cámara de Diputados al aprobarse la iniciativa ad hoc de nuevos recursos, por 88 votos a favor y sólo cinco en contra, la mayoría de ellos del PRI.
No obstante ello, la decisión de controlar el gasto público de parte del Ministerio de Hacienda al anunciar la proforma presupuestaria para el 2011, puede constituirse en una traba importante para un avance normal. El proyecto en total implica un desembolso fiscal de $750 mil millones de pesos, ya que la oposición exigió recursos similares para las regiones para acceder a firmar el acuerdo.
A su vez, varios parlamentarios de oposición, pese a que han apoyado el acuerdo, expresan dudas sobre él pues sostienen que están dándole una confianza anticipada al gobierno contra ninguna garantía de que cumplirá el acuerdo.
“Este es el primer gran acuerdo entre gobierno y oposición” dijo el Ministro a El Mostrador al referirse al Protocolo de Acuerdo de septiembre. “Fue aprobado de manera unánime por los parlamentarios de todos los sectores que componen la Comisión, lo que demuestra que cuando el objetivo es el bien común, se pueden conseguir acuerdos políticos importantes”, afirmó.
Para él algo muy relevante es la cantidad de recursos que se van a transferir a regiones. “Nunca antes en la historia del país se había destinado para ellas tal cantidad de dinero, como 3 mil millones de dólares en siete años, lo que puede impulsar una gran transformación” dijo. Agregó si bien que hay mecanismos legales que garantizan que ellos se gasten correctamente, lo más importante es usarlos bien, lo que es posible si se trabaja mancomunadamente entre el ministerio de Transportes, que administrará el Subsidio Permanente y las regiones cuyos fondos que son transitorios hasta el 2016, serán administrados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Eso hace que las prioridades las pongan las propias regiones” explicó.
Respecto de las medidas que contempla el acuerdo, subrayó que uno de los temas importantes es que permitirá congelar por el resto del año 2010 las tarifas de la locomoción colectiva, las cuales, producto del sistema de cálculo heredado, se habían disparado el último tiempo.
Otro aspecto que destacó es el de las consultas ciudadanas que se llevarán a efecto en diferentes comunas con alcaldes, Concejos municipales y dirigentes vecinales, según una metodología elaborada por la Segegob y que asegura la representatividad de la muestra.
Si bien sus resultados no serán vinculantes, ellas son importantes para “sensibilizarnos incluso en los detalles sobre lo que desea y espera la gente”. “Tenemos encuestas y estudios que nos dicen dónde están los problemas; pero seguramente hay cosas que se nos escapan, por lo que es muy importante escuchar a la gente in situ” remarca.
En materia de infraestructura, agrega “se van a construir unos 670 refugios y paraderos, y en 150 recorridos se harán importantes modificaciones para disminuir los transbordos”. A ello se suma el corredor Peñalolén-Alameda que viene por Grecia vía Vicuña Mackenna, y que se encuentra bastante avanzado hasta Curicó. Sólo faltan algunos tramos y algo de infraestructura en paraderos” Estos y otros aspectos, mejorarán sustantivamente el servicio
Respecto de las deficiencias de los operadores, el ministro sostiene que las leyes a aprobar contienen un nuevo marco regulatorio que brinda atribuciones a la autoridad para solucionar el problema cuando las empresas no siguen operando de una mejor manera que hoy, por ejemplo instalando un interventor, con la forma en que se declara la quiebra. Y por supuesto garantizar a la gente la continuidad del servicio.
También va a tener un acápite laboral, donde el incumplimiento reiterado de normas laborales será motivo de caducidad del contrato; y mecanismos que permitan fiscalizar las condiciones laborales y cobrar las boletas de garantías para el pago de eventuales deudas salariales o previsionales. Ello impediría, dice el Ministro que casos como el de Trans Araucarias pudieran repetirse.
Sobre el Administrador Financiero del Transantiago, AFT, el Ministro sostiene que no cabe duda que ha funcionado con los problemas inherentes a los de una empresa que se pone en marcha sin experiencia previa. Ha tenido dificultades con la implementación tecnológica y la gestión del sistema de pago y la gestión de flota. En ambos casos nosotros le pagamos una fracción del total establecido en el contrato, debido a que todavía creemos que le falta para llegar al cien por ciento en la calidad del servicio que presta.
En relación a una mejoría del servicio del administrador financiero y de las instituciones socias -BancoEstado (21%); Banco de Chile (20%); BCI (20%); Banco Santander (20%); Falabella (9,5%); y Sonda (9,5%)-, el Ministro declinó profundizar aunque señaló que “Tengo que conversarlo con ellos, pero, claramente hay espacio para mejoras. Que sea de los bancos o de otros inversionistas nacionales o extranjeros, da lo mismo, lo importante es que preste un buen servicio”.
El diputado del PPD Patricio Hales, parte firmante del acuerdo suscrito, junto con reconocer la responsabilidad de la Concertación en los problemas del sistema de transporte público de la capital, manifiesta aprehensiones con el acuerdo alcanzado. “Lo que hemos establecido como un acuerdo, en virtud de la necesidad de resolver los problemas del Transantiago y la dificultad que le veíamos al gobierno en esta materia, en realidad, son promesas de futuro que el gobierno dice que realizará. Nosotros confiamos en que lo hará, pero por la historia del tema la población tiene derecho a desconfiar si acaso estas cosas se van a poner en práctica o no”.
Hales, que presidió el año 2007 la comisión de la Cámara de Diputados que investigó los problemas del Transantiago, coincide con la idea que éste fue mal concebido de principio a fin. “Aquí lo que sucedió fue que se confundió una transformación urbana con una transformación tecnológica, lo que desembocó en una cuestión social con consecuencias políticas”, sostiene.
Por eso el acuerdo, que explica “se trata de un conjunto de exigencias de parte nuestra, y una declaración de voluntad de parte del gobierno, cuya materialización está en manos de ellos, es decir, podría ser que el gobierno no cumpla el Protocolo”. Nosotros estamos obligados a hacerlo puesto que el tiene dos fases: la nuestra de votar a favor los proyectos de ley (sobre financiamiento y marco regulatorio) y la puesta en práctica de las medidas por parte del gobierno.
No cree que la oposición está endosándole al gobierno un tema heredado. “Nosotros, dice, estamos tratando de darle continuidad a las mejoras que se iniciaron con (René) Cortázar. No es culpa nuestra que ellos hayan ganado las elecciones; ellos prometieron, entre otras cosas, resolver Transantiago. Lo que exigimos es darle continuidad a medidas que se iniciaron en el tiempo de Cortázar. De hecho el Protocolo contiene doce o catorce considerandos que se refieren al proceso que había iniciado el ex ministro” concluye.
