Especial COP31: ¿se tomará por fin el asunto en serio?

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La Organización Meteorológica Mundial (OMM) llega a la COP31 con una advertencia que resume la magnitud de la crisis climática: el sistema climático de la Tierra está más desequilibrado que en cualquier momento de los últimos 65 años de observaciones. No se trata de un récord aislado, sino de señales simultáneas que aparecen en la atmósfera, los océanos, los glaciares y el nivel del mar. La organización advierte que estos cambios, acelerados durante las últimas décadas, tendrán consecuencias que se prolongarán durante cientos e incluso miles de años.

Uno de los datos más reveladores es que el desequilibrio energético de la Tierra alcanzó en 2025 su nivel más alto desde que existen registros. El océano, que absorbe más del 90% del exceso de calor acumulado por el sistema climático, ha incorporado durante las últimas dos décadas una cantidad de energía equivalente a unas 18 veces el consumo energético anual de toda la humanidad.

Al mismo tiempo, la concentración atmosférica de CO₂ llegó a 426,8 partes por millón, un nuevo máximo histórico y un 53% por encima de los niveles preindustriales. El planeta no solo se está calentando: está acumulando energía y alterando sus equilibrios físicos.

Con este diagnóstico como punto de partida, hoy presentamos una edición especial de Juego Limpio, a propósito de la COP31, que comenzó ayer en Antalya, Turquía. Durante esta conferencia, los países vuelven a reunirse para discutir cómo acelerar la acción climática, pero esta vez con una evidencia cada vez más difícil de ignorar: el problema ya no es solamente conocer la dimensión de la crisis, sino demostrar que las decisiones políticas, económicas y financieras están consiguiendo modificar su trayectoria.

Para este número revisamos cuatro informes recientes, elaborados por organismos científicos y multilaterales, que permiten entender qué está en juego y cuáles son los principales desafíos de la transición climática.

En esta edición:

• La crisis climática ya es una emergencia sanitaria. El décimo informe de The Lancet Countdown 2026 documenta el aumento de las muertes por calor, la expansión de enfermedades infecciosas y las pérdidas de productividad laboral. También expone la contradicción de los gobiernos que siguen subsidiando los combustibles fósiles, mientras crecen los riesgos para la salud.

• El mundo perdió la posibilidad de evitar el sobrepaso de 1,5 °C. El Emissions Gap Report 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que el desafío ahora es limitar ese sobrepaso y conseguir que la temperatura global regrese a 1,5 °C antes de 2100. Para ello se necesitarían reducciones de emisiones a una velocidad inédita.

• Electrificar la economía es uno de los grandes desafíos de la transición energética. Un análisis de la Agencia Internacional de Energía (IEA) examina cómo elevar la participación de la electricidad en el consumo energético mundial desde 23% hasta 35% en 2035. Revisamos también el caso chileno: un país avanzado en generación renovable, pero que todavía depende ampliamente de los combustibles fósiles para mover su economía.

• La paradoja del financiamiento climático: más dinero para enfrentar la crisis, pero también para sostenerla. El séptimo informe del Comité Permanente de Finanzas de Naciones Unidas muestra que el financiamiento climático mundial alcanzó US$ 1,9 billones anuales en 2023-2024. Sin embargo, los recursos destinados a adaptación siguen siendo insuficientes y persisten enormes flujos financieros hacia actividades incompatibles con la transición climática.

Cuatro informes, cuatro dimensiones de una misma crisis y una pregunta que atraviesa esta edición: ¿será que ahora es el momento para que el mundo se tome el asunto en serio?

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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710 mil muertes por calor: cambio climático pasa a emergencia sanitaria

Las sociedades tienen sus propias preocupaciones, los países y los gobiernos, claro: y el planeta también. Las preocupaciones del mundo no son pocas, pero una de ellas es la que se discute en esta oportunidad en Turquía, donde se lleva a cabo la COP31 de cambio climático.

Durante muchos años hemos hablado de una amenaza proyectada, hoy ya hablamos de un problema sanitario que se mide en vidas perdidas, enfermedades, horas de trabajo y sistemas de salud sometidos a una presión creciente.

Esa es, específicamente, la principal advertencia del décimo informe de The Lancet Countdown 2026, elaborado por 146 especialistas de 71 instituciones y que analiza 54 indicadores sobre la relación entre cambio climático y salud.

• ¿Por qué es importante? Porque el diagnóstico que llega a la COP31, en Antalya, Turquía, advierte que los impactos sanitarios están creciendo más rápido que la respuesta de los gobiernos: las muertes relacionadas con el calor aumentaron cerca de 36% en el período posterior al Acuerdo de París respecto de la década anterior. En 2023, el calor estuvo asociado a unas 710.000 muertes en el mundo, de las cuales aproximadamente 71% fue atribuible al calentamiento provocado por las actividades humanas.

Dejemos los números y pasemos a la dimensión humana. Durante el verano europeo de 2026, un estudio publicado en Nature Health estimó 50.391 muertes adicionales relacionadas con el calor en 854 ciudades, de las cuales aproximadamente dos tercios fueron atribuibles al cambio climático antropogénico.

Los pronósticos indican que el calor europeo se replicará en esta parte del continente a partir de diciembre. Pero el calor no solo amenaza la vida: también reduce la capacidad de trabajar y los ingresos familiares.

• Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en octubre, proyectó que el estrés térmico podría provocar –solo en Sri Lanka y Maldivas– una pérdida de tiempo laboral equivalente a 147.000 empleos de jornada completa hacia 2040, incluso bajo un escenario de bajas emisiones.

• El segundo frente está en la expansión de los riesgos sanitarios asociados al agua, los alimentos y las enfermedades infecciosas. Las sequías prolongadas comprometen la producción agrícola y aumentan la desnutrición, mientras las precipitaciones intensas pueden contaminar fuentes de agua, destruir infraestructura sanitaria y favorecer brotes epidemiológicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que entre enero y agosto de 2026 se registraron 2,2 millones de casos de dengue y más de 1.100 muertes en 97 países, territorios y áreas.

La organización identifica el cambio climático, junto con la urbanización y la movilidad internacional, como factores que modifican las condiciones de transmisión de enfermedades mediante mosquitos.

En paralelo, el informe de The Lancet Countdown advierte que las sequías afectaron al 51,8% de la superficie terrestre mundial durante al menos un mes en 2025, aumentando las presiones sobre la seguridad alimentaria y el acceso al agua.

Frente a este escenario, uno de los principales problemas identificados por el informe es que los sistemas sanitarios todavía no están preparados para responder a la velocidad que exige el cambio climático. El informe señala que el 75,8% de los Estados miembros de la OMS no había comunicado una evaluación de vulnerabilidad y adaptación sanitaria desde 2020, mientras que el 71,1% tampoco había informado la elaboración de un plan nacional de adaptación en salud.

• Para América Latina, la discusión tiene una dimensión concreta: los países andinos aprobaron un Plan de Salud y Cambio Climático 2026-2031 que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la resiliencia sanitaria para más de 173 millones de personas.

El informe también apunta a una contradicción económica que estará presente en las negociaciones de Antalya: mientras los gobiernos reconocen los riesgos sanitarios del calentamiento, continúan destinando enormes cantidades de recursos públicos a sostener los combustibles fósiles.

Según The Lancet Countdown, entre 2016 y 2024 se acumularon US$ 6,2 billones en subsidios netos a estos combustibles, y durante 2024 diez países destinaron más recursos a subsidiarlos que a sus propios sistemas de salud.

La contaminación atmosférica derivada de su utilización sigue provocando millones de muertes evitables. Pero no todo es tan malo, el mismo informe documenta que la transición energética ya está produciendo beneficios sanitarios: la expansión de tecnologías más limpias ha contribuido a reducir la exposición a contaminantes y a evitar muertes, especialmente por contaminación intradomiciliaria.

En 2023, las mejoras asociadas a la transición energética evitaron aproximadamente 400.000 muertes respecto de 2016 en ese ámbito. La evidencia muestra así que reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas no es solamente una medida para limitar el calentamiento futuro; también es una intervención de salud pública con beneficios inmediatos.

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Cambio de horizonte: el desafío ahora es volver a 1,5 °C

Lo primero que vale la pena recalcar es que la COP31 llega en un momento decisivo para la política climática internacional. Ya no se busca evitar cruzar el umbral del 1,5 °C de calentamiento global. Ya se cruzó. El desafío de ahora es cómo regresar a ese umbral.

La principal conclusión del informe Emissions Gap Report 2026: The Point of Return, publicado el 21 de octubre y elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es que ya no existe una trayectoria realista que permita evitar sobrepasar 1, 5 °C .

El escenario que se busca ahora es el del “menor sobrepaso posible”. Vale decir, limitar el calentamiento máximo a aproximadamente 1,7-1,8 °C hacia mediados de siglo y conseguir que la temperatura vuelva a 1,5 °C o menos hacia 2100. Según cálculos optimistas, el éxito es de un 50%. La diferencia está en cuánto tiempo y en qué cantidad se supera el umbral.

Pero para llegar a ese punto se exige una reducción de emisiones que hoy parece muy distante.

• El PNUMA calcula que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deberían disminuir 18% para 2030, 45% para 2035 y 69% para 2040, tomando 2025 como referencia. Eso supone una reducción promedio cercana al 5,7% anual entre 2025 y 2035, una velocidad superior a la contemplada en las trayectorias del último informe de evaluación del IPCC.
• Y no se trata solamente de reducir emisiones: el escenario requiere además aumentar progresivamente la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera durante este siglo.

La distancia con lo que actualmente están ofreciendo los países es considerable. Incluso si todas las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) se implementaran completamente, las emisiones disminuirían solamente entre 5% y 8% para 2030 y entre 11% y 15% para 2035, respecto de 2025.

Con esas promesas, el mundo se encaminaría hacia aproximadamente 2,6 °C de calentamiento durante este siglo. Si se mantienen las políticas actualmente implementadas, la proyección alcanza 2,8 °C. Incluso en un escenario más optimista que suma las NDC y los compromisos adicionales de cero emisiones netas, el calentamiento llegaría aproximadamente a 2,1 °C.

El informe también muestra por qué cada año de retraso importa. Mantener durante cinco años adicionales las emisiones de CO₂ en niveles similares a los actuales agregaría aproximadamente 200 gigatoneladas de CO₂ a la atmósfera y aumentaría en torno a 0,1 °C el calentamiento máximo.

Además, para conseguir el retorno a 1,5 °C, el escenario de menor sobrepaso requiere retirar y almacenar permanentemente alrededor de 320 gigatoneladas de CO₂ durante este siglo. El PNUMA advierte, sin embargo, que existen importantes incertidumbres tecnológicas, económicas y sociales sobre la posibilidad de alcanzar esa escala de remoción.

Pero el informe también entrega un elemento que impide reducir su diagnóstico a una constatación de fracaso.

Existen políticas que ya están funcionando. Desde la adopción del Acuerdo de París, las energías renovables han crecido más rápido de lo que anticipaban las proyecciones realizadas hace una década, mientras algunas políticas climáticas han conseguido reducciones efectivas de emisiones en distintos países y sectores. El problema, según el PNUMA, es llevar esos avances a una escala mundial y hacerlo con mucha mayor velocidad.

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El desafío de la COP31: electrificar la economía

La electrificación será uno de los ejes de la COP31. A solicitud de Turquía, país anfitrión, y Australia, que preside las negociaciones, la Agencia Internacional de Energía (IEA) elaboró un informe especial para evaluar cuánto y con qué rapidez puede aumentar el uso de electricidad en la economía mundial.

El documento plantea un objetivo concreto: llevar la participación de la electricidad en el consumo final de energía desde el 23% actual hasta 35% en 2035. La conclusión es que la meta está al alcance, pero no con la velocidad que muestran las políticas actuales.

El informe Electrification, publicado en septiembre, parte de un cambio estructural: desde 2019 la demanda mundial de electricidad ha crecido más del doble que el consumo total de energía. Vehículos eléctricos, bombas de calor, aire acondicionado, centros de datos, inteligencia artificial e industrialización están aumentando la demanda eléctrica.

• La IEA calcula que, utilizando tecnologías disponibles actualmente y con los precios de energía previos a las recientes perturbaciones del mercado, alrededor de 33% del consumo final mundial podría electrificarse de manera competitiva hacia 2035. Es decir, el objetivo de 35% está cerca, pero exige acelerar la adopción.

El potencial se concentra especialmente en tres áreas. Aproximadamente la mitad del consumo residencial de combustibles y la mitad del transporte terrestre basado en petróleo podrían electrificarse de manera competitiva con las tecnologías disponibles, mientras que cerca del 40% del calor industrial de baja y media temperatura generado actualmente con combustibles fósiles también podría sustituirse por electricidad.

• El transporte presenta la mayor posibilidad de crecimiento: en el escenario de alta electrificación de la IEA, su nivel de electrificación pasaría de apenas 2% en 2025 a 13% en 2035.

Pero el informe identifica un primer gran cuello de botella: electrificar no significa automáticamente descarbonizar.

Para que la sustitución de petróleo, gas o carbón reduzca efectivamente las emisiones, la nueva demanda eléctrica debe ser abastecida crecientemente por fuentes de bajas emisiones. En el escenario de alta electrificación, combinado con una expansión acelerada de esas fuentes, las emisiones de los sectores de uso final podrían caer 40% hacia 2035 y las emisiones totales del sector energético más de la mitad respecto de 2025. Esto exige, a su vez, aumentar considerablemente la generación limpia.

El segundo cuello de botella está en las redes eléctricas.

La expansión de vehículos eléctricos, calefacción eléctrica, industria y centros de datos no solo requiere más generación: necesita transmisión, distribución, almacenamiento, digitalización y sistemas capaces de administrar una demanda más variable. A esto se suman otros riesgos, como la concentración de las cadenas de suministro de minerales críticos y equipamiento eléctrico.

Por eso, la electrificación aparece en el informe no solamente como una política climática, sino también como una cuestión de seguridad energética y competitividad económica. En el escenario de alta electrificación, la sustitución de combustibles reduciría hacia 2035 las importaciones mundiales de petróleo en unos 15 millones de barriles diarios y las de gas en 120.000 millones de metros cúbicos anuales.

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Chile: matriz eléctrica avanzada, pero economía fósil

El caso chileno permite observar con claridad la diferencia entre descarbonizar la generación eléctrica y electrificar la economía.

Chile ha avanzado rápidamente en la primera dimensión: las energías renovables representan cerca del 70% de la generación eléctrica, impulsadas principalmente por la expansión solar y eólica. La hoja de ruta elaborada por la IEA para Chile proyecta que más del 95% de la electricidad podría provenir de fuentes de bajas emisiones en 2035.

Sin embargo, Chile es un caso avanzado en generación eléctrica renovable, pero todavía no en electrificación de la economía.

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (IEA) la electricidad representa actualmente alrededor del 23% del consumo final de energía, exactamente el punto de partida mundial utilizado por el informe de electrificación de la IEA.

• En la trayectoria de transición energética elaborada específicamente para Chile, esa proporción tendría que aumentar hasta 55% en 2050. El contraste es evidente: el país ha conseguido transformar rápidamente la forma en que produce electricidad, pero buena parte de sus actividades económicas todavía funcionan directamente con combustibles fósiles.

• El transporte es uno de los principales ejemplos. El sector representa aproximadamente 60% del consumo de petróleo de Chile, por lo que su electrificación es fundamental para reducir emisiones y dependencia energética.

La minería constituye otro frente relevante, con procesos de sustitución de equipos móviles por alternativas eléctricas y de hidrógeno. En los edificios, la expansión de bombas de calor y una mayor eficiencia permitirían reducir sustancialmente el consumo de combustibles para calefacción.

Pero Chile enfrenta precisamente uno de los problemas que identifica la IEA a escala mundial: la infraestructura no está avanzando necesariamente al mismo ritmo que la generación renovable.

Más de 6.000 GWh de energía renovable fueron vertidos en 2025 por restricciones y cuellos de botella del sistema de transmisión, mientras el Ministerio de Energía reconoce una brecha estructural en infraestructura eléctrica. La línea Kimal-Lo Aguirre, de unos 1.346 kilómetros, es considerada crítica para transportar energía desde el norte hacia los principales centros de consumo, pero su entrada en operación está proyectada para 2031.

El problema adquiere otra dimensión cuando se considera que 64% del consumo final de energía chileno todavía proviene de combustibles fósiles.

En 2024 el país destinó unos US$14.000 millones a importaciones de combustibles fósiles, pese a contar con un enorme potencial solar y eólico. La propia IEA plantea que la transición chilena requiere actuar simultáneamente sobre cuatro pilares: eficiencia energética, descarbonización de la generación eléctrica, electrificación de los usos finales y construcción de redes modernas y resilientes.

La paradoja es que Chile puede producir electricidad limpia más rápido de lo que consigue incorporarla a su economía.

Tenemos uno de los mejores recursos solares del planeta en el norte, un extraordinario potencial eólico en Magallanes y una matriz eléctrica que ya se ha transformado profundamente. Pero mientras esa electricidad no sustituya petróleo, gas y otros combustibles en transporte, minería, industria, calefacción y otros usos finales, el avance de las renovables no se traducirá plenamente en una reducción equivalente de las emisiones de toda la economía.

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La paradoja del financiamiento climático

El tema del financiamiento climático es siempre una deuda, pero también hay otra cosa que es clara: el mundo nunca había movilizado tantos recursos para enfrentar el cambio climático.

El problema es también su paradoja: mientras a nivel mundial se movilizan importantes recursos, no se ha conseguido redirigir a la misma velocidad el dinero que sostiene las actividades intensivas en emisiones y dañinas para la naturaleza.

• El Séptimo Informe Bienal de Evaluación y Panorama de los Flujos de Financiamiento Climático, elaborado por el Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, muestra que los flujos globales de financiamiento climático alcanzaron un promedio de US$ 1,9 billones anuales en 2023-2024, 32% más que en el período anterior. El documento fue publicado el 27 de octubre, como parte de los informes que llegan a la COP31.

El crecimiento es significativo, pero no debe confundirse con el dinero que los países desarrollados entregan a los países en desarrollo como financiamiento climático internacional.

• Los US$ 1,9 billones incluyen recursos públicos y privados, nacionales e internacionales. El informe muestra que una parte importante de ese capital permanece concentrada en determinadas economías y sectores, mientras los países en desarrollo continúan enfrentando dificultades para acceder a recursos suficientes y en condiciones asequibles.

• Uno de los mayores desequilibrios aparece precisamente en la adaptación, es decir, en las inversiones destinadas a reducir la vulnerabilidad frente a sequías, inundaciones, olas de calor, incendios, aumento del nivel del mar y otros impactos climáticos.

El financiamiento mundial rastreado para adaptación promedió apenas US$ 63.000 millones anuales en 2023-2024, y cayó 20% respecto del período anterior. Además, cerca del 90% de ese financiamiento provino del sector público.

Esto revela una dificultad estructural: mientras las inversiones en energías limpias pueden generar retornos económicos relativamente claros y atraer capital privado, buena parte de las obras de adaptación generan beneficios colectivos que no siempre tienen un retorno financiero directo.

El problema se vuelve más evidente cuando se observa hacia dónde sigue fluyendo el dinero global. El informe registra que, al mismo tiempo que crece el financiamiento climático, continúan existiendo enormes volúmenes de inversión vinculados a actividades que mantienen la dependencia de los combustibles fósiles y ejercen presión sobre los ecosistemas.

El informe también plantea un cambio en la forma de evaluar el financiamiento. La pregunta comienza a dejar de ser solamente “¿cuánto dinero se movilizó?” para pasar a ser “¿qué consiguió ese dinero?”.

El Comité Permanente de Finanzas destaca avances en el seguimiento de resultados, pero reconoce que todavía existen dificultades para medir de manera comparable los efectos concretos de las inversiones, particularmente en adaptación. Esto resulta fundamental para la nueva etapa de la política climática: un fondo aprobado, un crédito desembolsado o una inversión anunciada no necesariamente significan que se haya reducido una tonelada de CO₂ o que una comunidad sea más resistente frente a un evento extremo.

Por eso, el debate financiero de la COP31 no debería limitarse a establecer una cifra de recursos que los países se comprometan a movilizar. La verdadera discusión es hacia dónde se dirige el capital y qué actividades deja de financiar.

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