Ciberataque al sistema de visas de Cancillería abre ventana a crimen organizado transnacional

El ministerio de Relaciones Exteriores se ha transformado la última semana en blanco de críticas, debido a la batahola generada por las nominaciones en agregadurías del actor Luis Gnecco, en Reino Unido, y la exministra de seguridad Trinidad Steitner, en Paraguay, designaciones que plantean una serie de interrogantes en torno a las decisiones tomadas en el edificio ubicado en el antiguo hotel Carrera.

Pero estos no han sido los únicos “ataques” en contra de Cancillería, sino que hay otros mucho más peligrosos y desconocidos que han causado estragos al interior del ministerio a cargo de Francisco Pérez. Según información a la que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, hace dos semanas que el Minrel fue víctima de un ciberataque que ha afectado el Sistema de Atención Consular (SAC), una plataforma digital diseñada para gestionar trámites en la red de consulados en el exterior.

El hackeo ha sido el más persistente y grande que ha tenido el ministerio hasta ahora. Se trata de un ataque por phishing al correo de un miembro del cuerpo diplomático que fue abierto al interior del ministerio, activando en su interior una “booby trap” o trampa explosiva, una especie de señuelo oculto que incluye un código malicioso en su interior –como un PDF o una aplicación cualquiera– que permite espiar los datos del sistema.

La alerta mantuvo a los encargados de seguridad gestionando como enfrentar el ataque cibernético, mientras el virus se clonaba en todo el sistema. El ataque es de tal magnitud, –asegura una fuente que conoce el caso– que aún no ha podido ser contrarrestado, debido que para hacerlo el ministerio debería optar por apagar el sistema durante un periodo, dejando a los chilenos en el exterior sin servicio.

La operación de ciberdelincuencia ha afectado principalmente al registro de visas, una modalidad utilizada por hackers para vender a grupos del crimen organizado que requieran identidades falsas para viajar y aunque no se ha podido detectar el origen del ataque todavía, se sospecha que podría provenir de grupos orientales, como la mafia china o algún actor estatal.

Este tipo de hackeos, cabe consignar, permiten a bandas transnacionales realizar todo tipo de negocios como crear empresas fantasmas, traficar con personas, realizar fraudes migratorios, instalar agencias de viajes ficticias, conseguir visas de residencia a miembros de carteles y lavado de dinero de bandas criminales, entre otros delitos.

Desprolijidades y secretismo

Fuentes que conocen el tema, aseguran que la situación se ha mantenido bajo estricta reserva y que las autoridades del ministerio no han aquilatado la gravedad del asunto, pese a que varios funcionarios han solicitado cooperación de organismos de inteligencia internacionales, buscando recuperar el sistema con tecnologías que no existen en el país. Pero hasta ahora, aseguran, ha sido como “hablar con una muralla”.

La preocupación radica en que el problema es imposible de controlar sin alterar el sistema, debido a que el malware se va auto replicando cada 10 minutos, impidiendo eliminarlo sin que este vuelva a clonarse nuevamente. De ahí que la sugerencia de apagar el sistema y borrar la “booby trap”. Pero esta alternativa también se ha desechado porque dejaría a más de un millón de chilenos en el extranjero sin acceso a trámites.

Tampoco los funcionarios han sido advertidos sobre la vulneración ocurrida, lo que ha aumentado el riesgo de que el virus se propague a otros sistemas. El asunto lo ha manejado hasta ahora el equipo de ciberseguridad de la Dirección de Planificación Estratégica (Diplane), la Secretaría General de Política Exterior (Segen), el ministro, el subsecretario y algunos personeros del gabinete.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) ha sido informada sobre la situación y aseguran en la interna del Minrel que hasta habrían “amenazado” a Cancillería con cursarles una multa. La desprolijidad de las autoridades se ha expresado –entre otras cosas– en que no han seguido los protocolos de seguridad, como el uso de teléfono fiscal, sino que siguen ocupando los móviles particulares, descargando y enviando documentos por WhatsApp.

La Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes aseguraron a este medio que “están desarrollando análisis forenses destinados a evaluar los incidentes mencionados“.

Desde el Minrel, añadieron que  la ciberseguridad es una prioridad máxima del ministerio, que los sistemas son monitoreados permanentemente para detectar y prevenir intentos de acceso no autorizado por parte de actores externos.

“Para hacer frente a estas amenazas, el ministerio dispone de capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, las cuales se encuentran en constante actualización y fortalecimiento, con el objetivo de resguardar la información institucional y garantizar la continuidad operativa de sus sistemas. Todo episodio siempre es informado por los canales gubernamentales correspondientes, de acuerdo con los protocolos existentes“, agregaron desde el Minrel.

Desde la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), en tanto,  confirmaron a este medio que efectivamente están realizando una investigación sobre la vulneración a Cancillería, que no se han establecido multas porque estas se establecen una vez finalizada la indagatoria, que hasta ahora sospechan de un ataque DDoS y que no han sido informados de un ataque con “booby trap””.