La acciones están fundadas en los antecedentes, documentos, registros y testimonios recabados a la fecha, que dan cuenta de una eventual infracción al deber de cuidado y diligencia aplicable a las entidades clasificadoras de riesgo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, en relación a los artículos 84 y 88, de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), informó que en el procedimiento administrativo sancionatorio iniciado en el caso La Polar, formuló cargos contra Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada (Feller) y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada (Fitch) por su presunta responsabilidad en relación a la labor de clasificación de riesgo realizada por ambas entidades tanto a los valores de oferta pública emitidos por la firma del retail, como a los bonos securitizados de BCI, durante el período comprendido entre los años 2008 a junio de 2011.
La acciones realizadas emprendidas por la SVS están fundadas en los antecedentes, documentos, registros y testimonios recabados a la fecha, que dan cuenta de una eventual infracción al deber de cuidado y diligencia aplicable a las entidades clasificadoras de riesgo en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, en relación a los artículos 84 y 88, de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores.
«Conforme al mérito de los antecedentes referidos, la SVS considera que existen elementos suficientes para estimar que Feller y Fitch no habrían dado cumplimiento a las normas legales citadas que establecen la obligación de las clasificadoras de riesgo de entregar una opinión fundada e independiente respecto de la capacidad de pagar, en tiempo y forma, las obligaciones de que dan cuenta los instrumentos representativos de deuda colocados por el emisor, basada en un completo análisis de los antecedentes financieros públicos y privados del emisor», sostuvo el organismo fiscalizador.
Al respecto, se reprocha a las clasificadoras de riesgo no haber sustentado adecuadamente las opiniones emitidas a la luz de la información pública y privada, que pueden solicitar al emisor, para efectuar las clasificaciones de riesgo; no haber advertido las inconsistencias existentes entre la información pública y privada que tuvieron a la vista ni haber ejercido adecuadamente la facultad de requerir información suficiente y representativa del emisor para lograr un correcto análisis; y no haber implementado procedimientos suficientes para una correcta aplicación de sus metodologías de evaluación.
Desde el punto de vista de las normas que regulan el proceso administrativo, cabe realizar las siguientes precisiones:
– Estas formulaciones de cargos no constituyen por sí mismas sanciones, sino que se trata de presunciones fundadas que reflejan las conclusiones a que ha llegado la SVS a la fecha, sobre la base de información recopilada en sus investigaciones.
– Las instituciones formuladas de cargos tienen un plazo inicial de 10 días hábiles contados desde la respectiva notificación para presentar sus descargos y solicitar, si lo estiman pertinente, la apertura de un período de prueba. Una vez cumplido este proceso, la SVS tiene un plazo de seis meses para resolver si mantiene los cargos formulados, en cuyo caso aplicaría una sanción administrativa, o bien, puede recalificar las situaciones objeto de cargos o absolver a las personas en la medida que se acredite falta de responsabilidad.
– El proceso administrativo sancionatorio desarrollado por la Superintendencia tiene carácter reservado según lo dispone su Ley Orgánica. Por tanto, por regla general, la formulación de cargos también tiene carácter reservado, haciéndose público este antecedente sólo en caso de aplicarse una sanción. Sin embargo, haciendo uso de sus atribuciones legales y atendiendo la fe pública y el interés de los inversionistas comprometidos en este caso, la SVS resolvió en esta oportunidad hacer público el nombre de las instituciones y tipos de cargos formulados. No obstante, se mantiene el carácter reservado de los antecedentes recopilados en la investigación y el contenido de los respectivos oficios reservados de formulación de cargos.
«A esta formulación de cargos se suma la realizada contra 26 ex directores y ejecutivos de La Polar y contra la empresa de auditoría externa de la compañía, situación que fue comunicada el 13 y 26 de julio», comunicó la SVS.
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