El fabricante estadounidense recibió subsidios por valor de al menos 5.300 millones de dólares entre los años 1989 y 2006, según el Órgano de Apelación, que confirmó la mayor parte de la sentencia pronunciada por el Grupo Especial de la Organización Mundial de Comercio.
El fabricante aeronáutico europeo Airbus expresó este lunes su satisfacción por el veredicto del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que obliga a su rival estadounidense Boeing a acabar con lo que denominó «décadas de ayudas ilegales».
El fallo obliga a «cambiar fundamentalmente la manera en que el gobierno de Estados Unidos apoya a la industria aeronáutica civil», indicó el responsable de comunicación de Airbus, Rainer Ohler, en un comunicado en el que agrega que supone «un resultado decepcionante para quienes iniciaron esta batalla», en referencia a Boeing.
El fabricante estadounidense recibió subsidios por valor de al menos 5.300 millones de dólares entre los años 1989 y 2006, según el Órgano de Apelación, que confirmó la mayor parte de la sentencia pronunciada por el Grupo Especial de la OMC.
Para Ohler, la decisión prueba que, como sostenía la Unión Europea (UE), «las ayudas financieras acordadas a Boeing son fundamentalmente ilegales mientras que el sistema de préstamos a Airbus por los Gobiernos europeos es legal y su utilización futura está autorizada».
Según el fabricante europeo, «Boeing no hubiera podido lanzar el modelo 787 sin subvenciones ilegales», un avión de larga autonomía y mediana capacidad que el constructor estadounidense bautizó como «Dreamliner» y que, según Ohler, a partir de ahora deberá llamar «Subsidy-liner».
«Las conclusiones de la OMC prueban que es el avión más fuertemente subvencionado de la historia de la aviación», señala el responsable de Comunicación de Airbus.
La decisión del Órgano de Apelación «va más allá de las conclusiones anteriores de la OMC y muestra la naturaleza ilegal y en contra de la competencia de las ayudas acordadas a Boeing», agrega Airbus.
El fabricante europeo felicitó a los Gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido y España, así como a la Comisión Europea, «por los años de esfuerzos invertidos para disipar toda confusión posible».
