La acción judicial interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía, el pasado 21 de junio, está dirigida en contra de Carlos José Marín Varas, su hijo Carlos José Marín Larraín, quien trabaja en el Mineduc, Jorge Lalande Dellepiane y todos los que resulten responsables por infracción a la Ley de Mercado de Valores, apropiación indebida, transacciones ficticias y contratos simulados.
Una querella por infringir la leyes de Mercado de Valores y de Quiebras presentó la Corfo en contra de los representantes legales de Leasing Chile y de Hipotecaria Valoriza que, en 1996, se adjudicaron US$ 26 millones como parte de un programa habitacional para que personas de escasos recursos accedieran a la casa propia.
Los socios de Leasing Chile, que adeuda US$ 23 millones sin incluir intereses al organismo estatal y está declarada en quiebra, son Orlando Poblete (8,69 %), rector de la Universidad de Los Andes y ex ministro de Pinochet, Marta Ried (6,5 %), Fernando Gardeweg Leigh (3,8 %), Fernando Gardeweg Ried (0,54 %) y Douglas Crawford (0,54 %). Todos como personas naturales. El resto son las sociedades Insigne S.A (32,6 %), Inversiones Prime (13,04 %), Inmobiliaria e Inversiones Westfalia (13,04 %), Unión de América (13,04 %) y Sociedad de Inversiones Rengifo (8,15 %).
La acción judicial interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía, el pasado 21 de junio, está dirigida en contra de Carlos José Marín Varas, su hijo Carlos José Marín Larraín, quien trabaja en el Ministerio de Educación, Jorge Lalande Dellepiane y todos los que resulten responsables por infracción a la Ley de Mercado de Valores, apropiación indebida, transacciones ficticias y contratos simulados. También, por no haber solicitado la quiebra de la empresa, no llevar libros contables, haber ejecutado operaciones dolosas y haber percibido ingresos que fueron destinados a su propio uso en perjuicio de los acreedores.
El abogado externo de la Corfo, Ignacio Vargas, afirmó que Marín Varas era el representante legal junto a Lalande Dellepiane de Leasing Chile, “y el gran gestor del negocio” que dejó a la Corfo con un “hoyo” de US$ 26 millones.
“Cuando Leasing Chile había dejado de pagarle a la Corfo y le habíamos pedido la quiebra compró Hipotecaria Valoriza, que estaba en cesación de pagos y cuyos pasivos —61 mil UF (US$2,9 millones)— superaban sus activos. Para nuestra sorpresa esta empresa era de Carlos Marín Varas y una de sus sociedades (Inversiones Insigne, principal accionista de Leasing Chile)”, sostiene el abogado.
Por tanto, se trató de una operación entre partes relacionadas y, a juicio de la Corfo, simulada. Se concretó durante el llamado “periodo sospechoso”, el cual comienza dos años antes de la declaración de quiebra; en este caso, rige a contar del 13 de septiembre de 2009. La ley prohíbe cualquier acto ejecutado dolosamente que disminuya los activos o aumente los pasivos.
Carlos José Marín Larraín era el gerente general de Hipotecaria Valoriza y quien aparece actuando como apoderado en la operación de compra, razón por la cual la Corfo se querelló en su contra.
Ingeniero comercial de la U. de Los Andes, Marín Larraín ingresó al Ministerio de Educación en marzo de 2010 como jefe de gabinete del departamento de administración general, el que está a cargo de auditoría interna, compras, ejecución presupuestaria, actos y contratos, inversiones, servicio de bienestar, entre otras funciones. Dependía del entonces subsecretario Fernando Rojas.
Hace dos años dejó ese puesto y fue designado asesor del área de coordinación de liceos técnico-profesionales, como tal, apoya a los Seremis de Educación y a los sostenedores municipales de esos establecimientos en la compra y fiscalización del equipamiento escolar.
Figura en la dotación a honorarios, con un sueldo mensual de $ 2,8 millones. Pese a recibir una remuneración del Estado y estar querellado por un organismo público, legalmente no existiría una incompatibilidad o inhabilidad, porque la Ley de Bases de Administración del Estado establece como causales tener litigios pendientes con el servicio en el que se desempeña, cosa que no ocurre, y deben ser además causas civiles y no penales. Sólo tendría que abstenerse de intervenir en casos en los que tuviese que tomar decisiones que involucrasen a la Corfo.
Consultado Marín mostró sorpresa y dijo no saber que estaba querellado. En los juicios penales las partes no son notificadas, no reciben las demandas ni conocen los cargos hasta ser citados a declarar.
El fiscal de la Corfo, Marcos Riveros, aseguró que el dato de que uno de los querellados trabaje en el Mineduc “resulta irrelevante” para los intereses de la Corfo.
Otra arista fue la multa aplicada en febrero por la Superintendencia de Valores a KPMG (900 UF) y a su socio Joaquín Lira Herreros (700 UF) por no advertir los problemas de liquidez de Leasing Chile al auditar su balance de 2008, pese a estar en conocimiento de que la empresa se encontraba morosa en el pago de la tercera cuota del crédito de Corfo, cuyo plazo había vencido el 15 de diciembre de 2008.
KPMG explicó que no reveló la información debido a que Leasing Chile “estimó que existían altas probabilidades de éxito en el resultado del proceso de renegociación que mantenía a esa fecha con la Corfo”.
La auditora solicitó una reposición administrativa ante la SVS, pero no le fue favorable, pagó las multas y no apeló a la justicia.
Antes de la quiebra, que fue declarada en septiembre de 2011, Corfo inició juicios ejecutivos de cobro que implicaron el embargo de los créditos o mutuos hipotecarios de Valoriza que habían pasado a manos de Leasing Chile con la fusión.
A pesar de que hubo 100 beneficiarios del programa que pagaron las cuotas de los préstamos y cuyos dineros la compañía debía mantener en su poder, dada la orden de embargo, ello no ocurrió. Cuando la Corfo exigió esas platas, no fueron encontradas, explicó el abogado Vargas.
En agosto del año pasado, cuando la quiebra llevaba casi un año vigente, Leasing Chile apareció inscribiendo casas en el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto. Y en esa misma fecha los transfirió a un tercero, lo que está prohibido en la ley, agregó el defensor de la Corfo.
En este caso había más de una empresa relacionada. Leasing Chile vendió un gran número de los contratos de leasing de los chilenos que buscaban la casa propia a Transa Securitizadora. En lo que es una figura legal, Transa tomaba estos paquetes de créditos y los vendía como bonos a distintos inversionistas privados.
Leasing Chile es dueña de un 37,89 % de Transa. El resto pertenece a Servihabit, otra compañía que se adjudicó una de las licitaciones de Corfo, y en la cual hay accionistas de Leasing Chile, entre ellos, Carlos Marín Varas que, en forma directa, posee un 10 %.
Por último, el abogado de la Corfo informó que en la quiebra existen demandas de compradores de viviendas en contra de Leasing Chile que alegan incumplimiento y exigen indemnización de perjuicios.
