La necesidad impostergable de recuperar empleo

El Imacec de mayo mostró un nuevo retroceso de la actividad económica, la quinta caída consecutiva, y reinstaló el fantasma de una recesión técnica.

El 23 de marzo, el gobierno estrenó su gestión con la decisión de ahorrar neutralizando el Mepco, el mecanismo que amortigua las alzas del petróleo, lo que gatilló un alza histórica en el precio de los combustibles.

El shock afectó directamente las expectativas económicas y a las personas —que dependen más de precios emblemáticos, como el combustible, que del propio IPC— y con ello, el consumo, principal componente de la demanda interna, con efectos severos en comercio y servicios.

A nivel de los indicadores laborales, el informe del INE para el trimestre marzo-mayo —el primero que corresponde íntegramente a la actual administración— mostró un 9,4% de desocupación, que llega al 10,5% entre las mujeres; 981 mil personas que buscan un trabajo y 27% de informalidad.

La población ocupada venía creciendo mes a mes desde mediados de 2025 y alcanzó su máximo en febrero, hasta que el shock de los combustibles quebró esa tendencia e instaló un deterioro sostenido en la tasa de ocupación en el último trimestre.

Tal como no bastan tres meses de cifras para sacar conclusiones definitivas, la hipótesis de que el deterioro viene de antes no resiste: entre 2022 y 2026 se crearon cerca más de 550 mil empleos formales, y la informalidad llegó a mínimos históricos, con el empleo creciendo sin pausa hasta el verano de este año.

Tampoco lo explican las reformas del período anterior —40 horas, cotización previsional del empleador—, que ya regían durante todo 2025 sin que el empleo se resintiera. Lo que cambió en marzo fue una decisión de este gobierno, no la herencia recibida.

Semanas después de una Cuenta Pública discreta en medidas de empleo, la Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 propuestas el 26 de junio. Pero estas parten del mismo diagnóstico que las cifras desmienten: atribuyen la falta de recuperación del empleo al incremento del salario mínimo, la reducción de jornada laboral y el alza de la cotización previsional, sin incorporar los efectos en la economía del mayor ahorro e inversión que genera la reforma previsional o el mayor dinamismo en el consumo que genera el incremento del poder adquisitivo con el salario mínimo.

Tampoco incorpora fenómenos recientes en el mercado laboral, como la menor participación de jóvenes y adultos mayores (por la PGU) ni el rol de la inteligencia artificial en la contratación. Y en vez de proteger el empleo, parte de su apuesta regulatoria busca flexibilizarlo: propone extender de 4 a 52 semanas el período para promediar la jornada —diluyendo el efecto de las 40 horas— y reponer la falta de adecuación del trabajador como causal de despido.

Se puede diferir sobre la necesidad de proteger los derechos laborales, pero insistir en una herencia que las cifras desmienten solo posterga la necesidad de recuperar empleo. A fin de cuentas, el período de instalación del gobierno ya terminó.