La naviera del grupo Luksic está cooperando con la investigación antimonopolio del Departamento de Justicia, tras quedar de manifiesto su participación en una conspiración con otras empresas para fijar precios.
No sólo pérdidas le da Vapores al grupo Luksic, ahora también multas y problemas con la ley en Estados Unidos. Y ocurre justo cuando están negociando vender control con el gigante alemán Hapag-Lloyd.
De acuerdo a documentos del Departamento de Justicia norteamericano, Compañía Sudamericana de Vapores SA (CSAV) aceptó declararse culpable y pagar una multa penal de US$ 8.900.000 por su participación en una conspiración para fijar precios, asignar clientes y ofertas de plataforma de servicios de transporte marítimo internacional para eliminar competencia en el mercado internacional de transporte marítimo de carga.
De acuerdo a los cargos presentados, Vapores participó en una conspiración para suprimir y eliminar la competencia mediante la asignación de clientes y rutas, manipular licitaciones y la fijación de precios para la venta de envío internacional del océano, servicios de “roll-on , roll- off” de carga desde y hacia los Estados Unidos y en otros lugares, incluyendo el puerto de Baltimore.
De acuerdo a la publicación “The Maritime Executive”, la naviera de los Luksic participó en el trato desde enero de 2000 a septiembre 2012 . La empresa está cooperando con la investigación antimonopolio del departamento.
El Grupo Luksic entró a la propiedad en marzo de 2011, cuando la empresa del Grupo Claro estaba casi en quiebra y al cabo de unos meses tomó control. Acumulan pérdidas de más de US$ 1.200 millones desde que asumieron el control. Actualmente la empresa está en negociaciones con Hapag-Lloyd para vender control y se especula que el acuerdo con las autoridades norteamericanas era necesario para concluir las negociaciones.
De acuerdo a los cargos presentados, Vapores y sus co-conspiradores llevaron a cabo la conspiración, entre otras cosas, acordando precios, clientes, la abstención de hacer una oferta uno contra el otro e intercambiando información sobre los precios al cliente.
La fijación de precios en Estados Unidos conlleva una pena máxima de una multa penal de US$ 100 millones para las corporaciones. La multa máxima puede aumentar al doble de las ganancias originadas en el delito o el doble de la pérdida sufrida por las víctimas del delito, si cualquiera de dichas sumas es superior a la multa máxima legal.
