El banco pidió a tribunales parar investigación, pues plazos para sancionar caducaron. La SVS lo sabe, pero quiere demostrar culpabilidades aunque no multe, en un paralelo con procesos por violaciones a los derechos humanos.
Las violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Pinochet fueron crudamente reveladas en el informe Rettig hecho público por el Presidente Patricio Aylwin el 4 de marzo de 1991. El documento cuestionó el rol de los tribunales en dictadura y fue el impulso para que el poder judicial investigara los delitos cometidos por funcionarios del Estado, hasta encontrar a los detenidos desaparecidos, esclarecer los hechos, determinar los culpables y sólo entonces aplicar la Ley de Amnistía.
Más de dos décadas después, la ‘Doctrina Aylwin’ revive, esta vez en sede administrativa y, concretamente, en la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el Caso Cascadas, donde se acusa la existencia de un esquema de operaciones con acciones de sociedades que forman parte de la cadena de control de SQM.
El paralelo se da por la imposibilidad que tendrá la SVS de sancionar a un grupo importante de las operaciones cuestionadas entre 2009 y 2011, las cuales sólo pueden ser, precisamente, multadas en el marco de lo que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de la SVS (DL 3.538): “La Superintendencia no podrá aplicar multa a un infractor, luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho penado o de ocurrir la omisión sancionada”.
El detalle de ese articulado tiene hoy a la SVS entre la espada y la pared. Y la filial del banco estadounidense Citigroup Global Market Inc. aportó el primer grano de arena a esta batalla el lunes pasado.
Los abogados del banco –del estudio Claro y Cía., Cristóbal Eyzaguirre y María Soledad Krause (ex FNE)– y del representante de Citi, Fabio Gheilerman –de Aninat, Schwenke y Cía., Cristián Gandarillas y Gabriel del Río– presentaron un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, que ya fue acogido a trámite, pidiendo que se declare ilegal el rechazo de la SVS a una reclamación hecha por ambos sobre este punto y, asimismo, que detenga el procedimiento administrativo que lleva adelante la referida Superintendencia.
Los abogados apuntan a que la SVS no puede seguir con la etapa probatoria (que concluye el próximo 18 de julio), pues ya no puede sancionar y, por ende, no corresponde continuar con el caso, por lo que debe ser archivado.
Las operaciones que involucran a Citigroup ocurrieron entre el 21 de diciembre de 2009 y el 28 de abril de 2010. Es decir, al 28 de abril de 2014 ya se cumplieron los cuatro años y –según los defensores– el plazo para sancionarlos caducó. De hecho, el titular de la SVS, Carlos Pavez, así lo reconoció ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
Tal cual lo instalara en su gobierno Aylwin, en el caso Cascadas la SVS buscará justicia en la medida de lo posible. Ante la Corte de Apelaciones defenderá el derecho de la autoridad a concluir su investigación y, finalmente, resolver aunque sin aplicar sanciones, dados los plazos de caducidad.
Hasta ahora, sólo Citigroup ha caído completamente en la caducidad, pero a fines de septiembre próximo ocurrirá lo mismo con Leonidas Vial, el socio de LarrainVial y emblema de la Bolsa de Comercio.
En su caso, la etapa probatoria concluye a fines de julio y, a partir de entonces, la SVS puede resolver. Los plazos para la decisión final de Pavez no son fijos, pero se estima que podría tardar no menos de un mes y hasta dos meses, debido a la importancia del caso.
Mientras tanto, algunas operaciones que lo involucran ya caducaron, pero la Superintendencia considera que puede utilizarlas como antecedentes para dar continuidad a la resolución final, donde determinará la culpabilidad o inocencia del emblemático corredor de Bolsa.
Citigroup atacó con dureza la intención de la SVS de seguir adelante. Asegura que el oficio de la SVS del 4 de julio pasado, donde rechaza la solicitud de poner fin al procedimiento infraccional, incumple diversas leyes y la Constitución.
Un abogado que conoce el caso admite que habrá un debate de proporciones en la Corte a propósito del requerimiento de la defensa. “Será el equivalente a discutir la Doctrina Aylwin en materia de amnistía”, comenta.
Según el recurso de la defensa, cumplido el plazo de caducidad de las operaciones controvertidas, se “extinguió la potestad de la SVS para perseguirlos y sancionarlos”, por lo que al continuar con el caso la autoridad incumple el artículo 33 de la Ley Orgánica de la SVS.
Luego, afirma que la SVS, al no cumplir con el referido artículo, incumple la Constitución “al arrogarse competencia de la carece”, pues no respeta la propia normativa que la rige.
“(…) La competencia de la que disponía la SVS para perseguir y sancionar cada uno de los hechos investigados en este procedimiento cesó al cumplirse 4 años desde la fecha de sus respectivas realizaciones y respecto de todos ellos con fecha 28 de abril de 2014”.
También cuestionan que la SVS no estaría cumpliendo el artículo 8 de la Ley 19.880, porque “desconoce el carácter instrumental del procedimiento administrativo”. Esto, debido a que dicho articulado señala que “todo procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad”. En este caso, como ya no puede sancionar, los abogados reclaman que la SVS no cumple la ley que regula los actos de las entidades públicas.
En la misma ley, los defensores critican que la autoridad use recursos del Estado para un procedimiento cuyo objetivo no podrá conseguir, dado que no podrá sancionar. Reclaman que la Ley ya señalada obliga a las autoridades a un uso racional de los medios y de los recursos que han sido puestos en su cargo.
“¿Qué eficacia puede tener un procedimiento que no podrá culminar en ningún pronunciamiento de la autoridad? ¿Cómo podría estimarse justificado el uso de los medios que han sido entregados a la SVS si ésta desarrollada actuaciones manifiestamente inútiles?”, indica el recurso.
Sobre la base de la misma ley, finalmente reclaman la falta de argumentos de hecho y derecho para rechazar el recurso administrativo que presentaron pidiendo el cierre del caso.
Los abogados de Citigroup y Fabio Gheilerman, a diferencia de los defensores de Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán y Leonidas Vial, nunca interpusieron recursos en los tribunales contra la actuación de la SVS en la investigación.
De esta forma, no dilataron el procedimiento y sólo acudieron ahora a tribunales para que se haga efectiva la caducidad de los plazos y se cierre la investigación. Aún más, en el recurso ante la Corte aseguran que, desde los descargos que hicieron el 10 de marzo, “se suceden en el procedimiento un conjunto de actuaciones de la SVS que merecen el más alto reproche, en la medida en que importaron un ejercicio arbitrario de sus facultades, y que condujeron a graves afectaciones a los derechos de CGMI (Citi)”.
Sobre esto, reconocen que no han reclamado en tribunales, pero que se reservan el derecho de reclamarlas como fundamento de otras solicitudes. Citi asegura que estas actuaciones de la autoridad dicen relación con reglas del debido procedimiento, presunción de inocencia, igualdad de armas, el derecho a la prueba y el derecho al recurso.
Sin embargo, para efectos de los plazos de caducidad, a diferencia de los otros acusados, partieron ganando. Desde siempre se sabía que serían los primeros en alcanzar la caducidad y, por tanto, fueron los más beneficiados por la demora que tuvo la SVS en formular cargos.
La entidad que hasta marzo de 2014 dirigió Fernando Coloma, inició la investigación a mediados de 2012 y sólo acusó en septiembre de 2013 y, en el caso de Citigroup, lo hizo recién a fines de enero de 2014 (cinco meses después de la primera ronda de cargos), es decir, al menos un año y medio después de iniciar la investigación.
Según lo que han dicho otros actores del caso, la SVS tuvo antecedentes del mismo desde comienzos de 2012 y, de hecho, Coloma hizo sus primeras actuaciones contra las operaciones de las cascadas en marzo de 2012.
Pese a eso, Coloma formuló cargos en septiembre de 2013, postergando incluso los plazos que él mismo puso cuando afirmó en marzo y abril de 2013 que esperaba tomar decisiones en abril o mayo de ese año.
La postergación de la decisión terminó corriendo a favor de Citigroup y eventualmente favorecerá a Vial u otros acusados.
En el caso de Citigroup, éste hizo sus descargos el 10 de marzo pasado, un mes y medio antes que caducaran los plazos y pidió en ese momento que se abriera el periodo probatorio para esclarecer los hechos relevantes. El 24 de junio, la defensa pide cerrar la investigación, cuando aún la SVS no dictaminada el inicio de la etapa probatoria.
La demora del proceso no tiene las mismas explicaciones respecto a gran parte de los acusados, en cuanto a ser parte esencial del esquema, como Ponce, Motta, Guzman y Vial. Citi no vio congelado el procedimiento como el resto y, según fuentes del caso, presentó sólo algunos recursos administrativos que la SVS podía sancionar rápidamente.
El nuevo debate jurídico que se dará en la Corte abre un nuevo flanco en tribunales para la SVS, que ve cómo rápidamente se acumulan procesos en el Poder Judicial, mientras el resto de los acusados continúa atacando sus actuaciones en los tribunales.
Aunque diversas fuentes del caso creen que los acusados buscan postergar las decisiones de la autoridad y así lograr que se cumplan los plazos de caducidad con el correspondiente término de la potestad sancionatoria, otros estiman que dicha estrategia no fructificará, pues habiendo recursos judiciales que detengan la investigación administrativa los plazos podrían detenerse.
Un abogado de la plaza incluso señala que el plazo de caducidad se detiene con el primer acto administrativo de la SVS, que fue la formulación de cargos de septiembre de 2013, pero ninguno de los especialistas que participan del caso valida esa tesis.
Junto con ello, Pavez reclamó ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados otro efecto de la gran cantidad de recursos que han presentado los acusados. Señaló que tanta acción en tribunales, Contraloría e incluso ante la SVS han dificultado la labor, afectando la velocidad de la investigación.
De hecho, recordó que ha habido más de 20 recursos en tribunales y, en particular, cuestionó las declaraciones que tuvieron que hacer ante la Fiscalía más de 20 funcionarios de la SVS por las acusaciones de prevaricación y filtración que hizo Julio Ponce, investigaciones que finalmente no llegaron a nada, pero que retrasaron el caso, objetivo que en su momento el presidente de SQM reconoció con la intención de conseguir el cambio de superintendente, lo cual ocurrió en marzo pasado.
