Quedará en la historia no sólo por sus US$ 164 millones en multas y por sus poderosos protagonistas. El expediente incluye memorables pasajes entre abogados y funcionarios de la SVS.
Pocas veces la historia volverá a poner en escena un caso como Cascadas. El estatus socioeconómico de sus protagonistas, el poder de las empresas involucradas y los US$ 164 millones con que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) los multó, revelan la magnitud del evento.
Por eso, las más de 40 mil páginas que guardaban los CD difundidos ayer por la SVS, hicieron honor al escándalo. En un grueso legajo de documentos digitalizados la investigación se presenta con numerosa información entregada en forma reservada por los investigados y otros actores del mercado de capitales.
Y aunque la estirpe de los involucrados se notó en la talla de sus testimonios y los informes encargados, el caso también reveló la encarnizada lucha que se dio con la Superintendencia durante el proceso probatorio vivido en los últimos meses en las oficinas de la entidad pública en el Santiago Down Town.
Aún más, quedarán en el recuerdo momentos de extrema tensión, con situaciones al borde de la violencia física y con la intervención incluso de guardias en las oficinas de la SVS.
A partir de ahora, cuya arista secundaria debiera concluir en los próximos días, cuando la autoridad resuelva si sanciona o no a Citigroup y su representante, Linzor Total Return (hoy CHL) y su representante, Banchile, y su ex gerente de inversiones Cristián Araya, el caso dejará la SVS para entrar a la disputa legal en las Cortes, donde pasarán casi cinco años antes que se confirme si Fernando Coloma, primero, y Carlos Pavez después, tenían razón al sancionar a los acusados.
Julio Ponce, Aldo Motta, Leonidas Vial, Manuel Bulnes y LarrainVial no escatimaron en gastos para sustentar sus tesis que permitieran desvirtuar las acusaciones de la SVS en septiembre de 2013 y enero de 2014.
Motta presentó media docena de informes elaborados por el economista y director del instituto de Economía de la Universidad Gabriela Mistral, Erik Haindl. Su labor complementa otros trabajos realizados en 2013, esta vez para Norte Grande, una de las cuestionadas sociedades cascadas que controla Ponce, destinados a evaluar la conveniencia de realizar aumentos de capital y fusionar algunas sociedades de la cadena de control de SQM.
Ante la SVS puso a disposición trabajos que analizaban el aumento del valor de las inversiones de las cascadas, la estructura de cascadas del grupo y cómo se calcula el precio de mercado.
Sus trabajos fueron referidos menos de una decena de veces en la resolución sancionatoria publicada por la Superintendencia hace diez días.
Sin embargo, su participación en el proceso adquirió notoriedad por la violencia que se desató en la SVS cuando le correspondió declarar.
Ese día, acudieron abogados de Moneda, Carlos Frías y Pedro Pablo Gutiérrez, Víctor Vial y Tomislav Bilicic por Motta, y Álvaro Jofré por Julio Ponce.
El interrogatorio bordeó las cuatro horas y en su desarrollo, según el relato de la SVS, Vial y Bilicic trataron con prepotencia a quien dirigía el interrogatorio. A tal nivel que pidieron, con la presencia de guardias de seguridad, que Vial se retirara de la sala. Luego, Bilicic habría amenazado a la instructora con acciones legales.
El caso también permitió verificar la presencia, en favor de los acusados y en contra de la investigación de la SVS, de ex funcionarios de la propia entidad y también de otras superintendencias.
Así, Álvaro Clarke, el ex SVS a comienzos de la década pasada, presentó un extenso informe para Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, de LarrainVial, donde hace duros cuestionamientos a los cargos de la Superintendencia que él alguna vez lideró, asegurando que las operaciones cuestionadas se ajustaron a la norma y defendiendo la existencia de competencia en el mercado bursátil.
Pese a eso, Pavez casi no aludió a su trabajo en la resolución final. Situaciones como ésta son las que han llevado a los acusados a considerar que la SVS ya tenía “cocinado” el caso y que lo que ocurriera en la etapa probatoria poco le importaría.
También aportó a la defensa de los acusados, en particular de Leonidas Vial, el ex intendente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), Julio Acevedo, elaborando un informe sobre la normativa que recubre el funcionamiento de la bolsa. En concreto, Acevedo advierte que los regulados sólo deben cumplir con lo que le exigen las autoridades, deslizando una crítica a la SVS por sancionar conductas a partir de un esquema, pese a que las operaciones en la bolsa habrían cumplido con la normativa.
Sin embargo, el informe no tuvo ningún efecto en el caso y la SVS ni siquiera razonó sobre él en sus sanciones.
Otro actor importante fue la Universidad de Chile, con la presentación de informes técnicos en favor de LarrainVial. La Facultad de Economía y Negocios aportó con análisis de las operaciones cuestionadas por la Superintendencia a la corredora. La SVS ni lo nombra en su resolución.
El que sí es nombrado pero con letras rojas es Patricio Arrau, el socio y presidente de Gerens, quien preparó un informe para Julio Ponce, donde descartaba cualquier cuestionamiento como los realizados por la SVS. La autoridad considera reiteradamente su opinión, pero lo hace para rechazarlo, cuestionando una y otra vez la calidad de su informe y sus conclusiones.
Para confirmar sus diversas tesis, los acusados hicieron desfilar a numerosos ejecutivos del sector financiero y con particular asiduidad el gerente general de la Bolsa Electrónica de Comercio (BEC), Juan Carlos Spencer y el gerente de operaciones de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), Juan Carlos Ponce, quienes debieron acudir a las oficinas de la SVS para declarar en reiteradas oportunidades por los distintos formalizados.
En sus testimonios, ambos ejecutivos reiteraron una y otra vez la legalidad de las operaciones que la SVS ha controvertido, cuestionaron que LarrainVial pudiera impedir la competencia en la bolsa y advirtieron, cada vez que fue necesario, que las normas con las cuales operan en la bolsa son adecuadas.
Aún más, Ponce advirtió que la SVS tenía acceso a un software donde podía ver en línea las operaciones en el ruedo y luego seguir con detalles las mismas transacciones. Nada de esto sirvió para que la autoridad considerara que era válida opinión, dado que en la tesis del esquema elaborada por Coloma y ahora sustentada por Pavez, más allá del cumplimiento formal de las normas, lo que hay es una coordinación en el tiempo, patrones conductuales reveladores y beneficios económicos indiscutidos.
También acudieron representantes de la auditora PWC. Sergio Tubío y Javier Gatica, respondieron las preguntas de la SVS y la defensa de Ponce y Motta, los que intentaron confirmar ante la autoridad que en opinión de la auditora no había motivos para contabilidad de las operaciones que les tocó revisar de las sociedades cascadas, a las cuales desde comienzos de 2011 auditó. Antes había sido Ernst & Young.
Además existieron los testigos fantasmas que fueron solicitados pero nunca acudieron. Andrónico Luksic y Luis Enrique Yarur, por ejemplo, pedidos por Leonidas Vial, nunca llegaron. Otros, no acudieron en los días señalados, lo cual provocó que la SVS los citara en días en que se realizaban en paralelo otros testimonios.
Esta situación provocó la airada reacción en diversas oportunidades de los abogados de Motta y Ponce, quienes consideraron contumaz e ilegal la actuación de la Superintendencia, que les impedía, en su opinión, ejercer su derecho a defensa.
Junto con ello, en las numerosas actas de testimonios es posible ver la agria disputa que se da entre abogados de la SVS y de la defensa por las interrogantes planteadas y por los tiempos dados para hacer preguntas y desarrollar los interrogatorios.
