Jorge Bofill, abogado de Julio Ponce, salió en defensa del proceso que lleva adelante el fiscal José Morales, el cual todavía no tiene como formalizado a su cliente, pese a que pronto se cumplirán tres años de la primera querella en su contra y a la millonaria sanción que le cursó la SVS.
Los cuestionamientos respecto del proceso investigativo del caso Cascada que lleva adelante el fiscal José Morales parece que cayeron mal a una de las partes más interesadas en este asunto: Julio Ponce. Su abogado, Jorge Bofill, salió en defensa del mismo, aseverando que los querellantes –principales críticos de Morales– están ejerciendo presiones indebidas sobre éste.
Esto, considerando las críticas que han planteado a un proceso que en septiembre cumplirá tres años desde la primera querella en contra de Ponce –por el delito de operaciones ficticias, luego de que la SVS solicitara una reversión de utilidades de estas sociedades por la llamada “operación Linzor”–, y que, por lo mismo, a juicio de los acusadores avanza muy poco.
Hechos como que el controlador de la cascada –principal imputado en la causa– fuera a declarar por primera vez ante Morales recién en abril pasado, y que no haya procedido a diligencias que los querellantes consideran “mínimas” –como el levantamiento del secreto bancario de los implicados y la incautación de información contable de sus sociedades–, tiene molestos al grupo compuesto por Moneda, AFP Habitat y un accionista minoritario.
Con ese contexto es que Bofill, a través de una entrevista en La Segunda, salió a defender el proceso de Morales, afirmando que sus quejas radican en que “la causa no avanza como ellos quieren y eso me parece escandaloso e indebido (…). Buscan convencer al fiscal de que hay antecedentes para formalizar a Julio Ponce, y no encuentran mejor que ir a reclamar públicamente por la supuesta falta de decisión del fiscal”, afirma. Esto último, considerando que durante todo este proceso el único personaje formalizado y que fue sancionado por la SVS es Aldo Motta.
Sin desconocer la lentitud del proceso, Bofill desliza que la intención de Moneda Asset Management por agilizar el proceso pasa por razones financieras: “Moneda nunca ha escondido que lo que busca es plata, y aparentemente la lentitud de la investigación penal es para ellos un obstáculo”.
En conversación con El Mostrador Mercados, José Morales también instó a los querellantes a que, si tienen quejas, las planteen a través de instancias formales: “(…) esta es una causa bastante compleja en la que se investigan 480 operaciones, por lo tanto, calificar el proceso como más o menos lento es una apreciación que respetamos, pero que no compartimos. Hay que destacar que hay toda una arista de investigación descubierta por la Fiscalía con independencia de la SVS (falsificación de actas), así que son críticas que recibimos y, mientras se den en el marco del respeto, está bien. Si alguien tiene algo que plantear respecto de la disconformidad con esta Fiscalía, tiene las herramientas legales para hacerlo”.
Antes, el abogado del accionista minoritario Roberto Lobos, Mauricio Daza, afirmó que “resulta inexplicable que una causa que cuenta con múltiples antecedentes relativos a la existencia de hechos ilícitos no haya avanzado en forma más rápida (…). Está todo, no sólo para poder formalizar a los responsables del mayor fraude de la historia de Chile, sino que incluso están los antecedentes para un juicio oral con altas probabilidades de éxito. La inacción de la Fiscalía en este contexto resulta inexplicable”.
