Prevenir también se puede concesionar

En agosto de 2026, el Gobierno de Chile decidió ejecutar como obra pública tradicional, y no bajo el modelo de concesiones (asociación público-privada), tres corredores de transporte público del Gran Concepción, en la Región del Biobío. Esto ha puesto sobre la mesa un atributo poco discutido y decisivo: el aseguramiento del nivel de servicio de la infraestructura pública mediante contratos de largo plazo, de 15 a 30 años.

Las alianzas público-privadas son contratos para construir y operar una infraestructura pública como carreteras, cárceles y hospitales. La forma de asegurar la operación y mantención adecuada es a través de métricas e indicadores muy específicos que miden el desempeño de la infraestructura.

En una carretera, por ejemplo, se monitorea (entre muchas cosas) la gravedad de grietas en el pavimento, y en hospitales la mantención de ventanas, puertas, pasillos, ascensores, etc. Ante una falta o falla en la entrega del servicio, se aplican multas que incentivan a la concesionaria a mantener la infraestructura en óptimas condiciones y a ser eficientes ya que de esa forma compiten en la licitación. Este aseguramiento de nivel de servicio por contrato de 15 a 30 años contrasta con la obra pública tradicional, que debe disputar año a año los fondos para mantención, sin una calidad garantizada por contrato y sin un sistema de monitoreo constante y establecido.

Es comprensible que asegurar el nivel de servicio de un corredor de transporte público genere voces disidentes, bajo el argumento de que ese compromiso podría desplazar la inversión de otras prioridades iguales o incluso más relevantes. Este argumento es menos relevante en infraestructura que se paga bajo el modelo pay-per-use (carreteras con peaje), pero sí podría ser atingente en concesiones que se pagan por disponibilidad, con recursos de Estado, como hospitales, cárceles, y corredores de transporte público.

Este marco permite hablar de la mantención de infraestructura de desastres que requiere asegurar el nivel de servicio a largo plazo sin dudar de su eficiencia. En Chile, la mantención de dicha infraestructura no está garantizada y en muchos casos depende, año a año, de gestiones sectoriales y municipales que rara vez tienen rédito político. Si no ocurre un desastre, nadie percibe el valor de contar con infraestructura en óptimas condiciones. En la práctica, esto implica que el estado de esta infraestructura es muy deficiente e incluso, en algunos casos, está en total abandono.

Por ejemplo, en el caso de la reconstrucción post-incendios forestales que han impactado los asentamientos de Valparaíso (2014), Santa Olga (2017) y Castro (2021), se implementaron diversas medidas físicas para la gestión del riesgo. Estas medidas incluyen medidas para evitar la exposición, como la relocalización de viviendas en zonas seguras; para reducir la exposición, como la limpieza de quebradas y la construcción de parques de mitigación; para aumentar la resistencia como mejoras en la calidad de construcción de viviendas y equipamientos esenciales, para mejorar la respuesta como el mejoramiento de la conectividad vial y la construcción de sistemas de grifos y estanques de agua para la extinción de incendios.

Sin embargo, la mantención de dicha infraestructura es muy deficiente, lo que limita considerablemente su efectividad. Esto enfatiza que no basta con reconstruir incluyendo consideraciones para la gestión del riesgo, sino que es necesario hacerlo con un enfoque integral y coordinado que considere su mantención en el tiempo, definiendo responsables, plazos y presupuesto para que estas consideraciones se mantengan efectivas.

Planteamos, entonces, extender el modelo de concesiones a la infraestructura de mitigación del riesgo de desastres. Aprovechando el beneficio más evidente de las concesiones, extender este modelo a esta infraestructura permite asegurar la mantención de largo plazo, independiente de los vaivenes políticos y de las presiones fiscales por reducir gastos.

Esto es particularmente relevante en el contexto de desastres, ya que la voluntad de invertir en gestión del riesgo, tanto de políticos como de privados y civiles, tiende a disminuir a medida que pasa el tiempo desde el último evento catastrófico y estas acciones tienden a competir con otras necesidades que se perciben como más urgentes.

Contratos de largo plazo (o mediano plazo, al no ser grandes inversiones) permitirían que estanques de agua —como los de Valparaíso—, quebradas en sectores urbanos y redes secas cuenten con certeza contractual para su mantención, mediante pagos periódicos por disponibilidad y calidad. Este mecanismo obliga al sector público a fiscalizar, tarea que resulta ineficaz cuando debe fiscalizarse a sí mismo, y obliga al sector privado a cumplir una obligación contractual, licitada y adjudicada al mejor oferente.

Estudiar y afinar un modelo como este puede salvar vidas, proteger bienes y servicios, y evitar la búsqueda de culpables cuando ya es demasiado tarde.