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Caso Cascada: Habitat contacta a expertos internacionales para realizar nuevo peritaje

por 24 julio, 2015

Caso Cascada: Habitat contacta a expertos internacionales para realizar nuevo peritaje
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Durante los próximos días, el equipo jurídico de AFP Habitat solicitará una reunión con el fiscal Regional Centro Norte, Andrés Montes, que ahora lidera la investigación de la arista penal del Caso Cascada.

Tras conseguir el cambio del fiscal (el caso era liderado por José Morales hasta el miércoles), la defensa de la administradora de fondos de pensiones -en que participan el ex fiscal del caso La Polar, Luis Inostroza; el abogado Álvaro Morales, quien también lleva la defensa de Sebastián Dávalos en el caso Caval, y el fiscal de la AFP, José Miguel Valdés- apunta a dar sustento a la investigación efectuada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que derivó en millonarias multas en contra del controlador de SQM, Julio Ponce, y el socio de LarrainVial, Leonidas Vial, entre otros.

En el entorno de la defensa de Habitat, destacan que la recopilación de antecedentes realizada por el regulador para destapar el cuestionado “esquema” fue un éxito y, por lo mismo, las pericias apuntarán a traspasar esa experiencia al fiscal del Ministerio Público a cargo del caso.

De esta manera, los próximos pasos de Habitat apuntan a encargar a un experto extranjero la elaboración de un peritaje que dé cuenta de la forma en que se gestaron las operaciones cuestionadas en las cascadas, y el rol que tuvieron los sancionados. Incluso, la administradora está dispuesta a financiar el estudio.

Fuentes conocedoras del proceso explican que a cargo de la definición del analista que podría efectuar el peritaje se encuentra el fiscal de la AFP, José Miguel Valdés. Las mismas fuentes explican que a la fecha, la compañía ya acortó la lista a cuatro expertos.

Dicho peritaje habría sido propuesto al fiscal Morales al inicio de la investigación. Sin embargo, la AFP no habría tenido respuesta.

En caso que el fiscal Montes quiera incluir el peritaje en su investigación, la estrategia marcaría una diferencia con la de los abogados de Moneda, que lidera René García. Lo anterior debido a que Moneda -que actúa igualmente como querellante- se ha mostrado a favor del peritaje que encargara el fiscal Morales al Centro de Estudios y Asistencia Legislativa (CEAL) de la U. Católica de Valparaíso. Si bien los abogados de Habitat no han manifestado públicamente reparos a ese peritaje, en privado desconfían de los resultados, pues no lograría acreditar responsabilidad de los directores en la adulteración de las actas.

El próximo 4 de agosto, la fiscalía recibiría del CEAL un pre-informe del peritaje encargado. El 26 de septiembre entregará el informe completo.

Diligencias pendientes. Tras la solicitud de cambio de fiscal, no sólo está la molestia de Habitat y Moneda en la supuesta lentitud en la tramitación del caso, sino que también en diligencias que Morales no habría llevado a cabo.

Según la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso este medio, los querellantes solicitaron formalmente a la fiscalía oficiar a las compañías de teléfono a fines de 2014, para así tener acceso al registro de llamados de los ejecutivos sancionados.

Al contar con el listado de llamados, la fiscalía puede ingresar a un software que permite ordenar las comunicaciones. Dicho programa, que dispone la Policía de Investigaciones, también es usado por el propio FBI (Federal Bureau of Investigation). Según uno de los abogados querellantes del caso, la herramienta computacional permitiría incluso establecer los nexos de los ejecutivos al momento de verificarse la arista Linzor. A la fecha, la investigación de la fiscalía carecería de dicho registro.

Si bien el Ministerio Público solicitó a las compañías remitir los registros telefónicos de los ejecutivos, una de las firmas respondió que no accedería a la solicitud si es que no se contaba con una orden judicial. Por esto, a juicio de uno de los abogados querellante, la fiscalía no buscó con eficacia dicha información.

El problema es que las compañías de teléfonos cuentan con un registro telefónico de hasta seis meses atrás e ir más allá es más complejo.

De igual forma, Habitat solicitó al Ministerio Público oficiar a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para que detalle las cuentas de los ejecutivos involucrados. Sin embargo, la propia fiscalía dispone y tiene acceso a la información que entrega la Sbif, por lo que no sería necesario este procedimiento.

Tras acceder a la solicitud de Habitat, con la información que entregó la Sbif el persecutor pudo acudir al tribunal y solicitar el levantamiento del secreto bancario. No obstante, querellantes confirman que a la fecha el Ministerio Público aún no concreta estos pasos.

Fuente: Pulso

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