Hay consenso en que no hay piso político para legislar sobre el tema. En la Comisión Bravo coexisten dos grupos bien definidos. Uno mantiene intocable a las AFP y delega en el Estado y los empleadores la captación de nuevos recursos para mejorar las pensiones. Y una segunda idea quitaría parte de las cotizaciones que van a las gestoras para armar un fondo común que asegure un piso mínimo de jubilación.
Cuando Michelle Bachelet fue Presidenta entre marzo de 2006 y marzo de 2010, su gran reforma fue al sistema de pensiones. Pero en aquella ocasión los cambios fueron tímidos y más bien enfocados en que el Estado cubriera lo que no podía cubrir el sector privado.
Se creó un pilar solidario que fundamentalmente puso dinero del presupuesto fiscal para financiar, desde una visión subsidiaria del rol del Estado, la Pensión Básica Solidaria, de casi $ 70 mil pesos (en ese momento) para quienes nunca cotizaron o su escasa cotización en su vida laboral activa no le permitía siquiera una pensión mínima.
Además, creó el Aporte Previsional Solidario (APS) que permitió subsidiar desde el Estado pensiones que no llegaban (en ese momento) a $ 150 mil mensuales (hoy el rango es de $ 250 mil), con lo cual trabajadores y trabajadoras que cotizaron en su etapa laboral pero que no llegaban a esos niveles de pensión, reciben un aporte de $ 20 mil o $ 30 mil mensual para mejorar su retiro.
El sistema de AFP solo fue intervenido mediante la licitación de cartera, que permitió a los nuevos afiliados al sistema ingresar a la AFP que cobre la comisión más barata en un concurso público. El objetivo de la medida apuntaba a que bajaran las comisiones del mercado, pero el estímulo –desde febrero de 2010, cuando se hizo la primera licitación bianual– se tradujo en que solo una AFP rebajó sus comisiones en respuesta a las licitaciones, además de Modelo y Planvital, que pusieron las comisiones más bajas del mercado en los tres procesos que se han realizado hasta ahora.
Este año, el segundo Gobierno de Bachelet, al igual que en el primero (Comisión Marcel), eligió una comisión de expertos, esta vez dirigida por el economista de la Universidad de Chile David Bravo, la que debe en las próximas semanas –segunda semana de septiembre, según los medios– entregar sus propuestas.
Pero, esta vez, la comisión está marcada por la división.
El 50% de los 24 comisionados –donde se ubicaría el propio Bravo, de acuerdo a fuentes cercanas a la comisión– plantea reformas que nuevamente ponen en el Estado la responsabilidad de continuar subsidiando a los afiliados cuyas pensiones siguen siendo bajas respecto de su sueldo mientras trabajaban. Según las AFP, dicha situación se explica principalmente por problemas del mercado laboral –que provoca lagunas previsionales, es decir, períodos sin cotización– y por la falta de actualización de la tasa de cotización –10% del sueldo bruto– y la muy temprana edad de jubilación, sobre todo en mujeres (60 años frente a 65 años de los hombres), todo esto, en medio del fuerte aumento de las expectativas de vida que ha tenido el país en las últimas décadas, sin que se hayan ajustado mayormente los parámetros demográficos para el cálculo de las pensiones.
El segundo grupo que sí tocaría a las AFP
Pero hay un segundo grupo de comisiones que propuso un cambio mayor, que mantiene el sistema de capitalización individual, pero recorta parte de las cotizaciones para construir un pozo común, o un fondo de seguridad social, y que apunta a redistribuir parte de los ingresos de sistema, acumulando además recursos adicionales provenientes de mayores cotizaciones –como piden las AFP–, pero aportadas por empleadores y el propio Estado.
Como publicó La Segunda ayer, esta segunda propuesta determina que quienes ganen hasta $ 350 mil pesos destinarán el 100% de su cotización actual (el 10%) a dicho fondo común y no a las AFP, mientras que quienes ganen más de ese sueldo bruto deberán cotizar el 10% de sus primeros $ 350 mil de sueldo y el resto irá a la AFP donde cotiza.
Dicho Fondo Común, además, acumulará las cotizaciones adicionales que todos los comisionados acordaron que se agreguen al 10% actual. La idea es que aumente entre 0,5 y 1 punto porcentual de su sueldo por año hasta llegar a aportar cuatro puntos porcentuales más del nivel actual, alcanzando entonces en total el 14% del sueldo bruto. Dicho agregado, eso sí, no saldría de bolsillo de los trabajadores sino del empleador y del Estado.
Con estos recursos adicionales este Fondo de Seguridad Social dispondrá de recursos permanentes para complementar las pensiones actuales de los pensionados con menores recursos, asegurando un piso de jubilación equivalente al sueldo mínimo (hoy de $ 200 mil y el próximo año de $ 250 mil). Pero ese piso no solo estará asegurado para quienes lleguen a una pensión inferior a dicho nivel con sus cotizaciones, pues también aportará un colchón similar para quienes ganen más de $ 350 mil.
Este enfoque del segundo grupo de la comisión tiene en vista varios factores, que se congregan en torno a un concepto de conferir certeza al derecho de seguridad social –que también se discute en las otras reformas que lleva a cabo el gobierno– y acotar la lógica de mercado del sistema de capitalización individual actual, donde quien más sueldo tiene en su etapa laboralmente activa puede tener una mayor pensión y que provoca que se replique la desigualdad de ingresos en ambos períodos de la vida de cada chileno.
Según comenta una fuente cercana a la comisión, el objetivo que persigue este grupo de comisionados es que el Estado deje de ser el único sostén de un sistema de pensiones que delega en dicho Estado el monto total o parcial de más de 70% de los afiliados al modelo de AFP creado en dictadura y, así, avanzar a un sistema más solidario, donde quienes tienen mayores ingresos compartan parte de ellos con quienes tienen menos, apuntalando con aportes tripartitos: afiliados, Estado y empleador.
Hoy, recuerda la fuente, el Estado destina casi 4% del PIB a financiar Pensión Básica Solidaria (PBS), Aporte Previsional Solidario (APS), el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, el bono por hijo (como una medida de género dirigida principalmente a las madres que no cotizaron o cotizaron muy poco), los afiliados al sistema anterior a 1981 y, además, subsidia con beneficios tributarios a las personas de más altos ingresos del sistema de AFP que ahorren un porcentaje adicional al 10% obligatorio.
La propuesta apunta a replicar parte de modelo previsional de Suecia, donde existe un sistema de capitalización individual similar al chileno, pero con un sistema solidario al lado que capta la mayor parte del 18% del sueldo que se cotiza (poco más de dos puntos solamente va al de capitalización individual) para armar el fondo común y asegurar un piso de pensión digno.
¿Cómo se calcularía ese piso mínimo? Por un lado –dicen fuentes bien informadas–, se utilizarán criterios nocionales que consideren la trayectoria laboral y previsional completa de la persona y se buscarán fórmulas de discriminación positiva de género para contener el impacto que se da en las pensiones de las mujeres que tienen más dificultades para trabajar y evitar lagunas previsionales, dado el daño que le provoca su aun mayor responsabilidad como figura materna. Importará también el nivel de contribuciones que hagan las personas y se exigirá un número mínimo de años de cotización para acceder a dicha pensión.
¿Será Ley?
La idea de este plan B, que disputa protagonismo con el plan de otro grupo, afectaría directamente el negocio de las AFP, aunque siguen vacíos que hasta ahora no se conocen y que se develarán cuando la comisión llegue con ambas propuestas en su informe final para Bachelet.
Las AFP, si se concretara esta idea, no solo ya no podrán optar a los nuevos afiliados al sistema si no ganan la licitación bianual, sino que también dejarán de gestionar parte de los recursos nuevos que aporten sus actuales afiliados. “Le quitas parte del negocio a las AFP, incluyendo gran porcentaje de los afiliados que no les son rentables”, dice una fuente cercana a la comisión.
Según las fuentes, los comisionados no han develado aún qué pasará con las comisiones que hoy cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (entre 0,47% y 1,5% del sueldo bruto de los trabajadores según la AFP) y tampoco qué pasaría con la propia licitación de cartera, dado que parte de los recursos que se captan hoy con los nuevos afiliados ganados en la licitación, se irán al Fondo Común.
Estos temas podrían abrir una dura disputa entre el Ejecutivo y las AFP. Sin embargo, todo podría quedar en nada. Al menos en este Gobierno.
Según fuentes vinculadas a las AFP, definitivamente el Gobierno no hará reformas en este período, tanto por la desaceleración económica como por el debate político que generaría el aumento de la cotización, aunque no la paguen los trabajadores.
Estiman que será tema de campaña en 2017, lo cual para la industria implica postergar un debate con un Gobierno diezmado y enfrentar la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en tres o cuatro años más.
Pero, además, la comisión no tiene todo listo, como para que el Gobierno tome las propuestas y las transforme en proyectos de ley. Fuentes bien informadas estiman que tales propuestas requerirán, en una segunda etapa, trabajos técnicos complejos, de simulación, que podrían tardar al menos un año, tras lo cual toda la preparación de los proyectos podría hacer proyectar que la administración Bachelet solo estaría en condiciones de lanzar la discusión en el último año de su administración y postergar la legislación para el siguiente gobierno.
Por contrapartida, Bachelet es responsable de no postergar la decisión de avanzar en una fórmula que solucione ahora el caos de pobreza que podría llegar en los próximos años. Esto, porque en la próxima década aumentará considerablemente el número de jubilados (que hoy supera el millón de personas), particularmente los trabajadores que comenzaron a cotizar con las AFP desde 1981 a la fecha y que –de acuerdo a lo que reveló La Segunda– tendrían un promedio de tasa de reemplazo de 28%; es decir, una pensión inferior al tercio de su último sueldo antes de dejar la etapa laboralmente activa.
La idea, dicen quienes conocen la propuesta que lideraría Andras Uthoff –director de previsión de Bachelet en su primer mandato– es asegurar una tasa cercana al 70%, justamente el porcentaje que prometió José Piñera en 1981 y que hoy se estaría ubicando por debajo del 30%, aunque dichas cifras incluyen a todos los afiliados, entre ellos, quienes subcotizaron o solo se afiliaron al sistema para recibir la PBS o el bono por hijo.
En cualquier caso, los dos caminos conducen a Roma. La idea de los comisionados que quieren replicar el modelo Marcel de 2008, con un plus de agregar cotizaciones con aportes del Estado y empleadores; y una segunda iniciativa que apunta a romper parte del sistema de capitalización individual, redistribuyendo parte de los ingresos de los afiliados para enfocarlos en complementar las pensiones de los sectores de menores ingresos.
En algunas semanas más, David Bravo, que se ha reunido con el Gobierno esta semana para adelantarles las conclusiones, dará a conocer las propuestas. Se cree que no habrá una única propuesta, sino más bien dos alternativas. Será Bachelet, si lo decide hacer en su período, quien deberá zanjar la discusión y elegir entre mantener separados el sistema de AFP y el rol subsidiario del Estado o intervenir parte de las cotizaciones que fluyen en el mercado, para redistribuirlas de manera más equitativa, sin recargar al fisco de compromisos financieros.
