La propiedad de los recursos pesqueros no es de los chilenos, es de 7 familias. Tras la nueva ley, las especies agotadas o colapsadas pasaron de tres a ocho, incluidas la muy preciada merluza común o «pescá» y el congrio dorado. Estos son solo ejemplos.
Figuras del espectáculo nacional e internacional, gobernantes, líderes y ecologistas se dieron cita en Our Ocean 2015, iniciativa que busca –según su declaración– establecer la pesca sostenible para garantizar el suministro de alimento a más de mil millones de personas en el mundo que dependen de los recursos marinos como principal fuente de empleo, ingreso y alimentación.
El eje de los discursos, en gran parte de la actividad, fue la pesca ilegal. El Secretario de Estado de EE.UU, John Forbes Kerry, sostuvo que esta “se ha convertido en, al menos, una industria de $ 10 mil millones al año (…). Hacer cumplir la ley es esencial para la supervivencia de nuestras pesquerías con el fin de garantizar la equidad, y para mantener a los grupos delictivos organizados fuera del océano”.
A oídos de un ciudadano cualquiera, estas palabras tendrían lógica y se sumaría –tal vez– a la causa. Más en un país como Chile, con más de 8 mil km de costa. Sin embargo, para quienes vivimos del mar, tenemos historia y la pesca es parte de nuestra cultura, los contrasentidos surgen de inmediato, preguntándonos ¿cómo se pudo realizar en Chile una conferencia internacional, si nuestro país y su gobierno ha dado muestra, con una Ley de Pesca, de que la última preocupación es justamente el tema pesquero y la sustentabilidad?
Podrán decir que soy un agitador, que estoy coludido con grandes pesqueras extranjeras, pero cada una de estas mentiras no han sido capaces de “tapar” una gran verdad; hace apenas dos años se aprobó una Ley de Pesca (ley Longueira), depredatoria y que está haciendo desaparecer a la pesca artesanal.
Vamos a los datos. El 93% de las pesquerías más relevantes son manejadas por cuatro grandes empresas, pertenecientes a 7 familias y que controlan más del 90% de los recursos pesqueros. No lo digo yo, lo dicen los documentos que pueden encontrar en la Subsecretaría de Pesca.
Por años fueron unos privilegiados y estos privilegios fueron normados por ley con la aprobación de la llamada Ley Longueira. Ahora pueden explotar estos recursos por 20 años, que son renovados casi en forma automática, por 20 años más, por sus hijos, nietos y bisnietos.
En cambio la pesca artesanal, a la cual represento, vio cómo gracias a algunos dirigentes pro industria, parlamentarios que son investigados en tribunales por posible cohecho, y autoridades que velaron por recursos de campaña, éramos exterminados por ley. No exagero. Hoy las 7 familias sacan del mar 1.019.489 toneladas de peces con apenas 161 barcos. En cambio nosotros, con 12.662 embarcaciones podemos extraer solo 538.667 toneladas de peces. Es decir, menos de un 50% de lo que podíamos pescar antes de esta nefasta ley. Estos datos son públicos en el Servicio Nacional de Pesca.
Por eso, cuando decimos que la Ley de Pesca debe ser anulada, derogada, cambiada, no es por un arrebato. Pero, si aún hay escépticos, debo decir que no solo perdió la pesca artesanal, perdió el país.
La propiedad de los recursos pesqueros no es de los chilenos, es de 7 familias. Tras la nueva ley, las especies agotadas o colapsadas pasaron de tres a ocho, incluidas la muy preciada merluza común o «pescá» y el congrio dorado. Estos son solo ejemplos.
Por eso causa mucha indignación que Sonapesca y Asipes estén en una permanente campaña para desprestigiar a la pesca artesanal y no sean capaces de reconocer el daño que le hacen al país. No solo porque entre sus asociados tiene a Corpesca, el niño símbolo de pagos irregulares de campañas según se investiga, sino porque industrias de Asipes convirtieron 40.000.000 kg de sardina y anchoveta capturadas en forma ilegal, en 7 mil toneladas de harina de pescado.
Causa indignación que quieran mostrar una colusión, al estilo de las mejores películas de James Bond o Misión Imposible, cuando la realidad es que los “enemigos” están en sus propias filas. Más aún, cuando a nuestra organización (CONDEPP) permanentemente la enlodan por oponerse a la Ley de Pesca y buscar colusión entre quienes hemos alzado la voz sin temor, para proteger los recursos que pertenecen a todos los chilenos y de los cuales vive la pesca artesanal.
No les tenemos miedo. Sabemos que actuamos con la razón y que los chilenos nos respaldan. Y sepan, señores de la gran industria, que tampoco tenemos temor de estar del lado de quienes piensan como nosotros y con los que tenemos comunidad de intereses.
No tenemos miedo a que lleguen más empresas, porque por décadas no hemos podido exigir un precio justo por nuestros productos. Con más compradores, se transparenta el mercado y con ello se impiden prácticas como la pesca ilegal. Queremos que el Estado recaude lo justo, porque así y solo de esa forma, podrá haber recursos para investigación y fiscalización de verdad.
Con esos dineros, que hoy son irrisorios, podremos contar con un INDAP pesquero a la altura y una plataforma social que impida que el señor del maletín que recorre las caletas para acallarnos –especialmente cuando hay desgracias naturales– impida que exijamos nuestros derechos.
Porque con más competencia, a diferencia de lo que dicen las 7 familias, hay más oportunidades de que la pesca tenga valor agregado, los pescadores podamos levantar cabeza y los chilenos puedan comer y disfrutar de recursos naturales en forma sustentable (recordar que en Chile el promedio de consumo de pescado es de apenas 7 kg por familia).
En estas líneas no hay demagogia, solo una gran verdad. La Ley de Pesca es mala, fruto de la corrupción y por el bien del país debe ser anulada.
Jorge Bustos Nilsen
Presidente Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp)
