Opinión
Estamos en un momento oportuno para instalarnos en serio en este debate y sacar adelante mejoras contundentes en materia de governance en las empresas de todos los chilenos.
Tímidamente, en Chile se empieza a debatir una práctica casi universal en las empresas estatales bien gobernadas: contar con directores independientes, como parte de una serie de indicaciones a la Alta Dirección Pública, que permita representar de mejor forma los derechos y deberes del todos los chilenos, representados por Estado en su rol propietario, tal como ha anunciado hace unos días el ministro de Hacienda.
Aunque atrasada casi una década –y empujada como ya va siendo habitual por una pésima coyuntura–, fortalecer a nuestro Sistema de Empresas Públicas (SEP), es una idea que hemos venido planteando insistentemente quienes nos dedicamos al estudio de los gobiernos corporativos. Y es que más allá de si se trata de empresas públicas o privadas, entender y promover buenas prácticas de gobierno en las compañías implica, en gran medida, partir por el origen: ser capaces de incorporar visiones distintas aportadas por directores profesionales, comprometidos, vigentes y exigentes provenientes, también, de ámbitos diversos, un poco de aire fresco para un mundo que sigue siendo un club de pares, cerrado y con escasa diversidad económica, política, cultural y social.
Los de Corfo y BancoEstado son dos directorios que han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas debido precisamente a la falta de claridad respecto del rol de sus cuerpos y de la institucionalidad de su governance. En el primer caso, la salida de uno de sus miembros para, en cosa de días, asumir como Presidente de tres sociedades cascada, matrices de SQM, empresa con la cual la Corporación de Fomento mantiene un juicio arbitral por la explotación del Salar de Atacama. Descontando el ejemplo de respeto de las normas y formas que debieran dar los empresarios con sensibilidad social, no existe en Chile, hasta hoy, ninguna norma que establezca que un ex director de Corfo deba abstenerse de asumir un rol privado absolutamente contrapuesto, por haber accedido eventualmente a información privilegiada sobre el litigio entre ambas empresas.
El caso del BancoEstado, en tanto, es tan “peculiar” como el sentido del humor de su mascota, el famoso patito. Tras el fuerte debate generado por el pago de un millonario bono por fin de conflicto a los trabajadores de la institución, el directorio del mismo determinó autodefinirse como un “órgano peculiar”, cuyas funciones y atribuciones no son asimilables a los de directores de sociedades anónimas. De esta forma, dio por despejada la duda respecto de la responsabilidad de los directores en el pago del bullado bono, sosteniendo que esta era atribución del Comité Ejecutivo del banco, no del “peculiar” directorio. En otras palabras, hemos estado por años ante meros consejeros y no ante directores responsables, con un rol asesor y no fiduciario, algo que Jay Lorsch, el pope de la governance de Harvard solía comparar en sus clases con ese viejo dicho de “estar medio embarazado”.
Estamos en un momento oportuno para instalarnos en serio en este debate y sacar adelante mejoras contundentes en materia de governance en las empresas de todos los chilenos. Haciendo un check list inicial, los pasos a seguir son: establecer códigos claros de buen gobierno; pautas para directores externos respecto de su misión y garantía de independencia; mirar lo que hacen organismos como el Banco Mundial, que nombra a directores por prestigio e idoneidad, pero que no deben rendirle cuenta para garantizar su independencia, como debiera pasar aquí con los gobiernos de turno; e instaurar un sistema de evaluación –que se haga público– de los directorios por parte de instituciones externas independientes.
Es cierto, los anticipos que nos da el ministro Valdés son auspiciosos, van en el camino correcto. Pero también es cierto que no basta con quedarnos en nombres, orígenes y rasgos de los directores. Necesitamos con máxima urgencia modernizar las prácticas de nuestros directorios, donde la accountability vaya mucho más allá de entregar una memoria al Presidente de la República y publicar en su página web lo realizado trimestral o anualmente. Quizá el paso adelante que tanto hemos esperado de las grandes empresas privadas lo vayan a dar, oh sorpresa, nuestras empresas públicas. Ese sería el mayor avance en governance de la Alta Dirección Pública al que podríamos aspirar.
Gonzalo Jiménez
Universidad del Desarrollo
